Entre enero y marzo de este año, la congresista Karla Schaefer debió haber recibido una notificación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para que acredite la posesión de una casa y un terreno en Colán. De inmediato, ella y la lista de vecinos notables del tradicional balneario piurano pegaron el grito al cielo y acusaron a la institución de abusiva. No por ir contra de sus intereses, faltaba más, sino porque la medida afectaba también a los pobres pescadores del vecino poblado de Yacila, a quienes se les exigía exactamente lo mismo.
Lo que este ente buscaba, según el propio superintendente José Luis Paraizamán, era poner en aplicación la Ley Nº 26856, más conocida como Ley de Playas. Dicha norma establece que las playas del litoral “son bienes de uso público, inalienable e imprescriptibles” y fija una zona de dominio restringido de 200 metros, quedando prohibida “la adjudicación y/o construcción de inmuebles” en dicha área. La medida de la SBN, que se proyectaba de carácter nacional, sin embargo, ha quedado totalmente paralizada desde el 15 de octubre.
¿Qué hizo retroceder a la SBN y echar por tierra un trabajo que venía realizando desde el 2013? Resulta que, por disposición del sector vivienda, los titulares de la SBN y Cofopri vienen sosteniendo reuniones para hacerle un ajuste a la Ley de Playas, en específico al artículo 2 (Ver facsímil). “Lo que se busca con esta modificación es que los centros poblados (como Colán) no estén comprendidos dentro de la zona de dominio restringido porque eso dificulta su formalización”, explica Paraizamán, hasta hace poco inquebrantable defensor de la ley.
Este repentino cambio de parecer coincide con el inocultable interés de la congresista Schaefer por mantener el statu quo. “Hay caletas de pescadores que datan de muchos años como La Bocana, la desembocadura del río Chira, Illescas que están en la zona restringida de la zona de alta marea. En Colán, por ejemplo, yo tengo una casa de mis padres; por un problema de erosión ahorita está en la zona de alta marea. ¿Van a botar a todos los pobladores de Colán, Yacila, La Islilla, Tortuga, Parachique?”, señaló a un diario local el 11 de septiembre.
Pero la preocupación, que podía ser legítima, ha escalado a tal punto que raya con el conflicto de intereses. En efecto, según confirmaron funcionarios de la propia SBN, la congresista asistió a una de las tres reuniones de coordinación llevadas a cabo en el despacho del viceministro Ricardo Vidal Nuñez, cumpliendo esa misma labor su asesora Patricia Crosby Crosby en las dos siguientes.
Ahí explicitaron su preocupación por las medidas asumidas por la SBN y exigieron una mesa de trabajo que incluya a los pescadores de Piura y Tumbes que serían afectados, además de promover cambios en la ley de playas.
Es así cómo, el referido 15 de octubre, el Ministerio de Vivienda emitió un comunicado informando de la “paralización inmediata de todas las acciones judiciales y administrativas que se venían promoviendo sobre la propiedad de las zonas ubicadas en la franja del litoral marítimo”. Schaefer, como ella misma ha dicho públicamente, posee una propiedad heredada de sus padres en Colán y registra otro terreno en la misma zona, según datos de Infogob. ¿Cómo justifica entonces su presencia en una reunión donde se abordan temas que le conciernen directamente?
Según Paraizamán, la exclusión de los centros poblados de la zona de dominio restringido permitirá a los posesionarios obtener títulos de propiedad y por ende disponer de esos bienes como mejor les parezca, cosa que hoy está terminantemente prohibido porque ocupan terrenos que le pertenecen al Estado. Sobre la posibilidad de que esos terrenos vayan a parar a manos de consorcios hoteleros, como ha ocurrido en otras ocasiones, el titular de la SBN se limitó a decir que eso pasará a ser competencia de las municipalidades.
Enterado de las propiedades de la congresista Schaefer en Colán, el superintendente opinó que “lo pertinente sería que la congresista no aborde este tema directamente”. Mas vale tarde que nunca. (César Prado)
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