La abogada por la Universidad de Lima, Alexandra Molina, diálogo con CARETAS sobre la observación de ley que otorga facultades sancionadoras a la Contraloría y prolonga la impunidad de casos de corrupción. Al respecto, Molina aseveró que esa observación, por parte del Ejecutivo, “no tiene un poder de veto”.
“La observación de la autógrafa de los proyectos de ley, en nuestro modelo semipresencialista, no tienen el efecto de un poder de veto, como lo puede tener en los Estados Unidos. Acá, lo que va a pasar es que se va a retrasar. Finalmente, el Congreso lo puede aprobar por insistencia”, señaló Molina.
En ese contexto, la abogada indicó que la solución para tener un texto más “cuajado” es “pensar de manera sistemática” y recurrir al “diálogo”, para así no “incurrir en esta famosa frase del remedio peor que la enfermedad”. “Debería haber un dialogo para poder incorporar algunas observaciones, tal vez las que el Congreso considera pertinentes y otras no, pero que se dialogue más para tener un texto más cuajado”, consideró.
La abogada explicó también que a la Contraloría “no se ha quitado” la potestad sancionadora, sino que en la práctica no pueden sancionar porque los tiene que ejercer “bajo el principio de legalidad”. “Las infracciones tienen que estar, absolutamente, descritas en una norma con rango de ley, con un texto que sea comprensible por cualquier persona, como lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional”, puntualizó.
En esa línea, Molina aseguró que “los funcionarios tienen temor en aplicar soluciones innovadoras, cosa que con buena fe se puede aplicar”, sin embargo, “tienen miedo a incurrir a un tipo de infracción”.
Por último, recalcó que este proceso solo retrasará el “control posterior” de la Contraloría, la cual “tiene tres grandes consecuencias en la responsabilidad funcional, civil y la penal”.
Cabe señalar que Nelson Shack, titular del entre contralor, lamentó la decisión del Gobierno en observar la Ley porque “no haya entendido la urgencia y la importancia de poder devolver a la Contraloría esta capacidad sancionadora” contra funcionarios detectados como responsables de presuntas irregularidades.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Janeyri Boyer Carrera, indicó que esta observación es para “mejorar la norma y evitar problemas en la administración pública”. “Creo que es importante que tengamos en consideración todos los posibles efectos de esta norma en la gestión pública, es precisamente que nos preocupamos de que sea una norma buena, para poder contribuir a una mejor gestión pública y un combate contra la impunidad”, declaró Boyer.
