El todavía presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume advirtió que el organismo no ha absuelto ni condenado a Keiko Fujimori, sino que sencillamente concluyó que no se justifica la prisión preventiva. Tampoco tomó en consideración los recientes testimonios de Jorge Yoshiyama – que confirmó que la ex candidata sabía de los aportes ilícitos de Odebrecht- ni los millonarios montos revelados por Dionisio Romero Paoletti y otros grandes jugadores de la empresa privada, que para la Fiscalía confirman el control sobre las finanzas de campaña que tenía Fujimori.
Como el TC no entra al fondo penal del caso, tampoco se mencionan en la sentencia los dos grandes argumentos en juego, pero están muy presentes en el telón de fondo de la discusión. Para la Fiscalía el caso es el de una organización criminal, el partido político, utilizada para lavar fondos de procedencia ilícita. Para la defensa, en cambio, la legislación del año 2011 no tipificaba como delitos penales el manejo del dinero de las campañas electorales. En ese orden de ideas, si Fujimori no consideró que los US$ 3.65 millones de Romero provenían de arcas delictivas, tampoco tenía por qué hacerlo en el caso del US$ 1 millón que le proporcionó Jorge Barata de Odebrecht.
El TC, mientras tanto, tiene mucho entre manos. Después de la elección de Marianella Ledesma como nueva titular de la institución, el 4 de diciembre, será la audiencia para tratar la demanda interpuesta por Pedro Olaechea, expresidente del Congreso y actual titular de la Comisión Permanente, que argumenta la inconstitucionalidad de la disolución del Parlamento.
Si el grupo de los cuatro vuelve a votar de manera cohesionada se espera que la “denegatoria fáctica” de la cuestión de confianza a la que aludió el presidente Martín Vizcarra tome cuerpo jurídico porque, en los hechos, se han encontrado al menos tres momentos en los que el Congreso cometió violaciones a la Constitución: cuando la Junta de Portavoces no cambió su agenda tras el anuncio de la presentación de dicho recurso por parte del expremier Salvador del Solar, cuando le impidieron intervenir en el Pleno y cuando fue rechazada la cuestión previa interpuesta por la congresista Indira Huilca para suspender el proceso de elección de magistrados del TC.
