La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), aprobó con una mayoría de 16 votos, la denuncia constitucional que recomienda acusar por tráfico de influencias, colusión y organización criminal al expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
La demanda, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sustentada por el parlamentario Diego Bazán (Avanza País), recomienda levantar la prerrogativa de antejuicio político para las exautoridades mencionadas, a fin de que el Ministerio Público pueda continuar las investigaciones.
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Los presuntos actos de corrupción que se imputan al mandatario están referidos a los casos “Petroperú”, en el que se acusa el pago de un soborno de S/30 mil para lograr la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la empresa estatal y los casos “Puente Tarata III” y “Ministerio de Vivienda”, en los que se habría dirigido licitaciones para para favorecer a empresas de allegados al exjefe de Estado.
El informe deberá ser elevado a la Comisión Permanente y de ser aprobado, deberá remitirse al Pleno del Congreso, órgano que decidirá si se da el permiso para que la Fiscalía investigue al profesor cajamarquino.
