Vladimir Cerrón no pasa por sus mejores días. La razón no es la batalla interminable contra Fuerza Popular y sus aliados por legitimar los votos que dieron por ganador de la segunda vuelta a Pedro Castillo. Esa victoria la da por descontada. Cerrón está preocupado por sus recientes derrotas judiciales y el rosario de denuncias y procesos penales –acumulados desde su primera gestión como gobernador de Junín (2011- 2014)– que lo pueden devolver a la cárcel en las próximas semanas.
O, cuando menos, como no descarta su círculo más cercano, obligarlo a salir del país fugándose por alguna frontera porosa, o a través del uso de un salvoconducto entregado en forma de asilo político por alguna de las embajadas de Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba, antes las cuales pretextaría persecución política. En el evidente pulso por el control del “partido de gobierno” entre el profesor y el cuestionado exgobernador de Junín, este último no tiene el apoyo ni la anuencia de los espontáneos socios de Castillo, o sea los técnicos, políticos y aprovechados que representan a los distintos matices de la llamada caviarada local.
Lo consideran impresentable. Tanto que los medios que apoyaron incondicionalmente a Perú Libre en la segunda vuelta, súbitamente descubrieron que el también secretario general del partido que situó en el lugar expectante en el que ahora se encuentra Pedro Castillo era investigable, que tenía un cúmulo de casos que había que ventilar y denunciar.
Y no es para menos, los sondeos de opinión pública les dan la razón: nueve de cada 10 peruanos considera que Cerrón no debería tener ninguna participación en un eventual gobierno de Perú Libre (Ipsos, 27 de junio). Así las cosas, Vladimir y su huestes sufrieron dos derrotas estratégicas después de la segunda vuelta. La primera ha sido la operación fiscal contra los “Dinámicos del Centro”, esta organización criminal al interior de Perú Libre que había convertido la expedición de brevetes en Junín en un gran mercado negro una de las fuentes ilícitas de financiamiento de la campaña del partido del lápiz.
Una verdadera mafia liderada por los hombres más cercanos al neurocirujano, a quien es imposible no considerar el cerebro de esta trama. Su hombre de más confianza, Arturo Cárdenas Tovar, alias “pinturita”, permanece prófugo y puede resultar una verdadera bomba at mica si decide acogerse a la ley de colaboración eficaz. El segundo revés es el fallo de la Sala de Apelaciones de Huancavelica que revocó la sospechosa resolución del juez de Acobamba, Alain Salas Cornejo, quien declaró nulas las sentencias en primera y segunda instancias por negociación incompatible contra el jefe real de Perú Libre.
Este fracaso judicial no solo regresa a Cerrón a su calidad de inhabilitado para ejercer cualquier función pública, sino que abre una nueva línea de investigación en su contra. La OCMA del Poder Judicial cuenta con indicios más que razonables para presumir que la sentencia del juez huancavelicano no fue redactada en su despacho, sino hecha por el grupo de asesores legales de Cerrón, que incluiría al destacado jurista español Jordi Ferrer Beltrán, contactado por el joven penalista Andy Carrión Zenteno, cuando formó parte de su equipo de abogados.
Si se comprueba que el juez Salas Cornejo fue corrompido, no hay que ser zahorí para saber quién fue el corruptor. Pero a Vladimir Cerrón le sobran procesos penales que pueden devolverlo al penal de Huamancaca. De las 160 denuncias en su contra en el Ministerio Público, una veintena de ellas han dado lugar a casos judiciales consistentes por corrupción y lavado de activos.
Lo curioso es que los fiscales que hasta hace poco parecían competir en qui n blindaba mejor a Cerrón, ahora están expeditivos apurando acusaciones y desempolvando evidencias. Para muestra dos botones: el fiscal anticorrupción Aladino Lazo Pacheco acaba de acusarlo por delito de colusión agravada en el caso del canal CIMIR, por el pago de 10 millones de soles al contratista por supuestos trabajos adicionales que nunca existieron.
Otro fiscal, Luis Cárdenas Moreno, está investigando cómo es que Cerrón lleven efectivo más de un millón 200 soles en la Caja Huancayo y cobró un cheque de gerencia de una cuenta a su nombre por 900 mil soles del BBVA. Todo sucedió entre el 2018 y 2020, cuando declaró a la SUNAT y a la Contraloría que mientras fue autoridad no percibía nada en la práctica privada de su profesión de neurocirujano.
Cerrón ha invocado su derecho constitucional a guardar silencio en esta investigación fiscal que debe desnudar sus finanzas sospechosas. En este juego de pulsos y alianzas, el problema para el profesor Castillo es que, en esta segunda vuelta, alguien financió su campaña. Y no le será fácil expectorar a ese alguien. Salvo que quiera sincerarse con los peruanos alegando que no sabía de la procedencia ilícita de ese dinero. Y que el consabido doble rasero nacional se reedite.
