La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales iniciará en noviembre las audiencias de los casos emblemáticos; entre ellos el de Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Hermanitos del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Los Temerarios del Crimen y otros más.
“En noviembre vamos a iniciar con las audiencias y vamos a continuar hasta diciembre. Los casos se delegan a congresistas quienes la obligación de la obligación de iniciar las investigaciones y llevarlas a buen puerto, sin embargo, también hay congresistas que se hacen los locos y no asumen, o no quieren, asumir los casos”, detalló el presidente del grupo de trabajo, Luis Roel Alva, a CARETAS.
Hasta la fecha, estos son los parlamentarios encargados de los casos:
Bancada | Congresista | Investigados |
Somos Perú | Felicita Tocto | Pedro Chávarry |
Frepap | Richard Rubio | Yesenia Ponce |
Frepap | María Retamozo | César Hinostroza, Guido Águila, Iván Noguera, otros. |
Acción Popular | Franco Salinas | Tomás Aladino Gálvez |
Frente Amplio | José Luis Ancalle | Maritza García |
Acción Popular | Jorge Vásquez | Roberto Vieira |
Acción Popular | Carlos Pérez | Héctor Becerril |
Sin embargo, otros parlamentarios aún no se toman los casos que corresponde. Es importante resaltar que el 19 de junio, fecha en que se acoró el plan de trabajo, se acordó que el trabajo de la Subcomisión sería repartido de manera proporcional. En esa línea están Gino Costa (Partido Morado), Carlos Almerí (Podemos), Carlos Mesía (Fuerza Popular) aún no solicitaron ningún caso confirmado por la Comisión Permanente. Por su parte, afirmando que tiene sobrecarga laboral, Martha Chávez tampoco lo hizo.
En tanto, Fernando Melendez y Tania Rodas, ambos de APP, recién han ingresado y aún no asumen algún caso pero conocen la importancia de asumir la investigación. De no ser así, se podría recaer en un proceso tedioso de espera.
PIDEN INFORMACIÓN RESERVADA
Como se sabe, algunos abogados del congresista Edgar Alarcón se acercaron a la Subcomisión para solicitar información respecto a los tres casos respectivos. Incluso un correligionario, Marco Gustavo Acurio Valdivia, que es el abogado personal del parlamentario, intentó obtener información usando por medio ser del partido de la lampa.

De las tres denuncias que tiene Edgar Alarcón, dos fueron declaradas procedentes y están en la Comisión Permanente para que sean ratificadas. El tercer caso en mención es denominado complejo por los delitos de organización criminal, por los folios de la denuncia y porque no solo es el congresista Alarcón quien se encuentra denunciado sino otros ex altos funcionarios.
En ese marco, Alarcón no es el único que buscó información. Otros exfuncionarios también intentaron, sin éxito, obtener datos sobre sus casos a pesar que conocen que no pueden acceder a sus denuncias salvo que su caso sea declarado procedente en la Subcomisión y tras la ratificación en la Comisión Permanente recién se les notifica.
CARETAS pudo saber que se trata del excongresista aprista, Javier Velásquez Quesquén, el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry.
La necesidad de saber la información reservada incluso llegó desde el extranjero. El teléfono fijo de la Subcomisión recibió llamadas desde España de parte del investigado César Hinostroza.

PISA ACELERADOR
A la fecha, la Subcomisión tiene 40 informes aprobados. Sobre 46 denuncias, 21 procedentes y 25 improcedentes. Desde la Fiscalía de la Nación se tiene 14 casos de los cuales 12 procedentes y dos que se “resolverán en pocas semanas”.
PRESIONES Y TENSIONES
“Hay presiones de instituciones y de bancadas que ejercen presión por sus propios intereses y denuncias que han fomentado o porque, también, consideran que la Subcomisión debe actuar contra el Poder Ejecutivo ya sea para declarar procedentes un caso, improcedente otro o priorizarlos”, explica el presidente del grupo de trabajo.

En ese marco, la Subcomisión estableció un plan de trabajo. Se establecieron tres criterios para ordenar los casos: que sea denunciado por la fiscal de la Nación, contra un alto funcionario publico en funciones y que sea por antejuicio político; este busca levantar el fuero de protección de los altos funcionarios para que se pueda iniciar la investigación fiscal y de ser necesario iniciar el proceso.
“Esta Subcomisión se distancia del Congreso disuelto no blinda a nadie. Somos un equipo técnico objetivo. Tampoco es una herramienta de venganza”, zanja Roel Alva.