En estos días extremadamente convulsos, con casi medio centenar de muertes que lamentar, quizá el único consenso nacional es el adelanto de elecciones generales. Todos lo quieren, muchos lo gritan en jornadas de protesta violenta, y los radicales lo exigen contando muertos y heridos.
Pero esa ecuación, que pareciera la salida inmediata a la aguda crisis social, política y de gobernabilidad, aún no tiene fecha cierta porque falta la segunda votación calificada en el Congreso.
Ante la presión de la calle, los congresistas aprobaron en primera votación la reforma constitucional que adelanta las elecciones generales a abril del 2024. El 20 de diciembre se obtuvo 93 votos y entre ellos hubo varios de la izquierda. Sin embargo, nadie garantiza que ratificarán esta decisión cuando se abra la siguiente legislatura –que tal parece, se adelantará al mes de febrero por la presión de la calle– porque, ahora, el mantra innegociable de la izquierda que cogobernó con Pedro Castillo es “salvo una Asamblea Constituyente, todo es ilusión”. Y sin el voto de la izquierda no se llegaría al número (87) que permitiría que las elecciones se adelanten.
La experiencia de países del autodenominado “Socialismo del Siglo XXI” como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, nos muestra que las nuevas Constituciones se hacen como trajes a la medida de los autócratas de turno, que lo único que buscan es entronizarse en el poder para acumular años en el gobierno, además de riqueza mal habida.
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En el escenario triunfalista para ir a las urnas antes del 2026, surgen dos inquietudes básicas: 1. ¿Cuáles son las reformas al sistema y proceso electoral que podrán hacerse con el poco tiempo que quedaría? 2. Si los árbitros, cuestionados por una porción importante de los peruanos, debieran seguir incólumes en la siguiente elección.
“El mantra de la izquierda que cogobernó es salvo una Constituyente, todo es ilusión”.
Con las reglas de juego vigentes, el cronograma electoral requiere como mínimo 270 días (9 meses) para realizar elecciones. Según la legislación electoral el padrón electoral se cierra un año antes de las elecciones. No se puede hacer modificaciones a las leyes electorales en el mismo período. Los candidatos tienen que tener, también, mínimo un año como militantes del partido por el que postulan. Y los funcionarios públicos de alto rango deben renunciar a sus cargos seis meses antes de postularse.
El paso previo son las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias en los partidos habilitados. Un modelo exportado de otras realidades que, como gran parte de nuestro sistema electoral, no termina de implementarse o se estrella con nuestro escuálido sistema de partidos y que fue reemplazado en las últimas elecciones por un remedo llamado elecciones internas. Una ley no cambia la realidad.
Todo el entramado legislativo, salvo la paridad y alternancia, tendría que suspenderse por única vez para llegar con los plazos acotados a las urnas el 2024. Y, si se quiere adelantar unos meses más para cumplir con la exigencia de un sector que grita elecciones antes que termine el 2023, se tendrían que hacer todas las reformas en el primer trimestre de este año. En el Congreso actual esa tarea es imposible.
Sobre las reformas o cambios al sistema hay más incertidumbres que certezas: qué hacer con el voto preferencial que, según varios expertos, ha sido pernicioso en la elección de congresistas. Qué fórmula electoral aplicar para que a los presidentes, electos en segunda vuelta, no le sea imposible gobernar con un Congreso mayoritariamente opositor, elegido en una atomizada primera vuelta. Los expertos sostienen que la solución sería elegir el Congreso en segunda vuelta. Mejorará la calidad del Congreso si regresan la reelección parlamentaria y el Cámara de Senadores. Cuestionamientos que corresponden solo a una primera línea de reformas de nuestro sistema político y electoral.
“¿Y cómo hacemos para mejorar la oferta electoral para que no sean los 12 partidos inscritos?”.
Si queremos estos cambios se requieren varias reformas constitucionales o de leyes orgánicas. O sea, aprobarlas en dos legislaturas con voto calificado, pues la alternativa de mayoría simple más referéndum, con este calendario está descartada. Todo indica que debemos renunciar a las reformas en aras de la celeridad.
¿Y cómo hacemos para mejorar la oferta electoral para que no sean los 12 partidos que a la fecha conservan su inscripción los únicos que presenten candidatos? Diez de ellos representados en el Congreso que, según todas las encuestas, es la institución con menor aprobación entre los peruanos: no llega a los dos dígitos de apoyo.
Otras 15 agrupaciones políticas están en proceso de inscribirse, pero las autoridades electorales no estarían en capacidad técnica y logística de verificar todos los requisitos. Partidos tradicionales, como el APRA o el PPC, o nuevos emprendimientos políticos, como los partidos de Pedro Cateriano o Jorge Nieto, están en la fila de la inscripción exigiendo celeridad. Si somos realistas, ninguno de los 15 estarían habilitados para competir en las próximas elecciones generales. Si continúa la presión de las marchas y lo que han dado en llamar “La toma de Lima”, el Congreso podría ratificar la reforma de adelanto de elecciones en febrero y la presidenta Boluarte convocarlas al día siguiente. Los electores estaremos condenados a escoger entre lo mismo, salvo los fichajes de última hora que se puedan dar al amparo de las leyes electorales que tendrían que suspenderse por esta vez. Uno de estos acuerdos podría ser que Antauro Humala vaya con un partido de vientre de alquiler. Aunque también se cocina en el Congreso una ley que inhabilite a los sentenciados. Todo es posible.
“Los jefes de la ONPE y la RENIEC han devaluado la eficiencia de sus instituciones”.
Salas Arenas: “varios casos concretos de la elección del 2021 lo cuestionan”.
Sobre los árbitros, los organismos integrantes del sistema electoral, representados por sus titulares, hay también sombras y cuestionamientos de un sector significativo de peruanos. El más cuestionado es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas. Salas siempre sale orondo a responder las preguntas de los mismos entrevistadores, sosteniendo que su actuación en las elecciones del 2021 fue prístina porque así lo sostienen los informes de los observadores electorales nacionales y extranjeros. Sus consultores favoritos usan sus columnas de opinión para decir que se trata de una vil venganza de los perdedores fraudistas. Pero hay varios casos concretos de la elección general del 2021 que demuestran que no es así:
1. Como ha documentado el periodista Ricardo Uceda, los miembros del JNE cambiaron su voto para permitir que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo siguiera como candidato al Congreso a pesar de que omitió declarar la propiedad de acciones en una empresa familiar valuada en varios millones de soles. Un faenón que terminó favoreciendo a otros candidatos, con tachas similares, porque un fallo con nombre propio iba ser escandaloso. Pero antes, ya habían fallado en contra de otros candidatos, como el exgobernador de Ica Fernando Cillóniz, que omitió declarar un carro antiguo, inservible.
2. Contraviniendo expresamente la norma electoral, el JNE no exigió que se completase la plancha presidencial de Perú Libre, después de que Vladimir Cerrón Rojas fuera sacado de carrera por tener vigente una sentencia por corrupción. El artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) otorga un plazo de tres días para completar la plancha presidencial observada. Perú Libre nunca lo hizo y siguió en carrera.
3. La misma LOE, en su artículo 107, inciso B, señala claramente que no pueden postular a la presidencia o vicepresidencias, entre otros, los funcionarios de las instituciones que conforman el sistema electoral (JNE, ONPE y RENIEC). Este era el caso de Dina Ercilia Boluarte Zegarra quien, curiosamente, fue vetada como candidata al Congreso de la República por ese mismo impedimento, pero siguió en carrera como candidata a la vicepresidencia en una plancha incompleta.
4. En todo el proceso electoral del 2021, el JNE estuvo incompleto porque el Colegio de Abogados de Lima, por líos internos, no pudo acreditar a su representante. En varios casos, su presidente Jorge Salas Arenas definió los casos a favor o en contra con un segundo y dirimente voto. Para todo efecto práctico se erigió como el supremo juez electoral pervirtiendo la idea de una justicia colegiada proporcional. Un fraude electoral no solo se perpetra cambiando votos o modificando cifras a la hora del conteo, los actos previos de injusticia electoral o doble rasero de los jueces, también contravienen la voluntad popular y el derecho de ser elegidos.
En los casos del jefe de la ONPE Piero Corvetto Salinas y la jefa del RENIEC Carmen Velarde Koechlin, en estos meses han devaluado la eficiencia de las instituciones que lideran, situación contraria a su pasado reciente. Por ejemplo, en las elecciones subnacionales de octubre del 2022, en el distrito de Lince, la ONPE se olvidó de imprimir en la boleta electoral la foto y el símbolo del candidato de uno de los partidos en carrera. Para no hablar de la cuestionada compra de un terreno en La Victoria al grupo El Comercio para construir su sede institucional. Se trató de una adquisición sin concurso público, sin un adecuado estudio de mercado y con bases hechas como anillo al dedo para el inmueble en el que, finalmente, se terminó invirtiendo la friolera de S/ 40 millones de soles.
“Se tendrían que hacer todas las reformas en el primer trimestre de este año. Imposible”.
En el caso de la Reniec basta ir a tramitar un DNI o alguna partida de nacimiento para constatar que dejó de ser eficiente. Compite con Migraciones en desorden, displicencia y permanente maltrato al usuario.
La solución para estos cuestionamientos válidos no pasa por una ley con nombre propio e inconstitucional, como se pretende aprobar en el Congreso. El sistema permite una solución institucional. En el caso del presidente del JNE, es el Poder Judicial el que tiene que buscar una solución legal y legítima. El nuevo presidente del PJ Javier Arévalo debe convocar a la Sala Plena de la Corte Suprema para nombrar a otro juez supremo como su representante ante el JNE. Hay varios jueces supremos probos, con carreras intachables que podrían devolver la legitimidad al JNE. Los jueces supremos titulares deberían ser los primeros interesados en exigirle a su presidente tratar este tema con urgencia.
En los casos de la Onpe y el Reniec es la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la que debe evaluar la calidad de la gestión de ambos titulares. Ningún nombramiento está blindado de ser revisado y la JNJ tiene la obligación de, por lo menos, investigar las denuncias concretas contra ellos. Se trata de empezar un nuevo proceso electoral sin que la cancha esté inclinada.
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*Autor de El otro Vladi. Biografía no autorizada del portero más famoso de la Nación.
