Tras una gira por varias ciudades del interior del país, en la que Jesús Tovar estuvo promoviendo los lineamientos del Partido Republicano y recogiendo impresiones de los ciudadanos, ahora responde a CARETAS desde México.
—Hagamos un poco de memoria. Ud. fue uno de los fundadores del Partido Morado. Mucha gente aún no sabe de su salida de este partido. ¿Cuál fue la razón principal de su alejamiento?
Entiendo que a estas alturas toda la gente morada que me conoce ya sabe que salí de ese partido hace más de dos años, mucho antes de los escándalos que involucraron a los líderes como son los casos de Julio Guzmán y el general Mora. Me alejé de ese partido porque suprimieron un artículo del estatuto que contemplaba elecciones internas para los cargos partidarios, lo cual no se hacen hasta el día de hoy, el maltrato de líderes de base como sucedió específicamente con retirar a los dirigentes de la región de Huánuco para colocar a otros que no eran militantes y sin hablar previamente con los afectados, y por la ausencia total de rendición de cuentas de los ingresos económicos, que no fueron menores. Ya había manifestado también internamente mis discrepancias por el giro neoliberal de sus propuestas y el abandono de la línea republicana que emprendieron Guzmán y Francisco Sagasti en los últimos meses antes de mi retiro, y que se plasmó en un ideario (el oficial vigente) que remarca tales planteamientos.
—Lo que estamos viendo en estos dos últimos años es una evidente crisis partidaria en general. Ello se refleja en el rechazo de la población. Ante este escenario, ¿en qué se diferencia el Partido Republicano?
La crisis de los partidos políticos y de la política en general en el Perú se pueden resumir desde dos perspectivas complementarias: primero, la privatización de los partidos políticos peruanos, los cuales han dejado de ser instituciones de carácter público y han devenido en empresas privadas que hacen política, por tanto defienden intereses personales y corporativos a través de su acción política, no tienen democracia interna, y una vez que alcanzan los cargos de elección popular solo pretenden recuperar las “inversiones” que han realizado durante las campañas electorales, y lo hacen a través de métodos ilícitos; este proceso de privatización es una las causas principales de la corrupción que afecta la política peruana y que la población claramente percibe y desaprueba, por lo tanto genera una profunda deslegitimación de estos partidos políticos y sus “dueños”. Segundo, la despolitización del Estado peruano, que viene ocurriendo desde hace 30 años con la llegada al poder de Alberto Fujimori y que se hizo patente a través de un paquete de reformas económicas de un claro trasfondo político neoliberal, de la aprobación ilegal e ilegítima de la actual constitución peruana (a través de una elección fraudulenta bastante documentada por observadores internacionales y la prensa foránea), y de un mecanismo legal de elevar las barreras de entrada de los ciudadanos para la formación de partidos políticos, y por tanto para impedir su participación en la política, lo que hacía prácticamente imposible fundar nuevos partidos si no se contaba con recursos económicos millonarios. Todo ello iba acompañado de una campaña mediática incisiva de que “hacer política” era algo inmoral, peligroso e inútil; y que lo mejor que los ciudadanos podían hacer era dedicarse exclusivamente a sus actividades privadas. Esta despolitización fue continuada en democracia por los gobiernos electos a partir del año 2001, y se convirtió en un paradigma ampliamente aceptado y que alguna vez Alan García lo plasmó en un artículo periodístico titulado “El perro del hortelano”.
La privatización y la despolitización provocaron una gran disminución de la participación política activa, debilitó a las organizaciones y los movimientos sociales, y “enclaustro” a la clase política a un grupo minoritario y excluyente de actores de procedencia empresarial y de lobbies que, si antes actuaban a través de los partidos tradicionales para promover sus intereses en el Estado, ahora lo hacen directamente a través de sus propios partidos políticos.
El Partido Republicano Peruano (PRP) decide romper este círculo vicioso que nos ha conducido a una profunda crisis y parálisis de la política peruana, a través de la decisión y acción de hacer política a través del esfuerzo denodado de fundar un nuevo partido de carácter público, sin dueños, con múltiples liderazgos nuevos, regionales, paritariamente de hombres y mujeres, y con una radical práctica (establecida estatutariamente) de democracia interna: el máximo órgano ejecutivo del partido se eligen anualmente a través de una asamblea general de militantes.
Asimismo, el PRP establece claramente en su ideario y estatuto que los intereses nacionales y el bien común están por encima de los intereses legítimos que puedan tener sus dirigentes y militantes, tales prioridades públicas se establecen a través de deliberaciones internas, directas y plenarias que se realizan a través de las Asambleas Generales Republicanas. En el año y medio que llevamos desde nuestros inicios se han realizado cuatro asambleas republicanas, y la quinta se llevará a cabo a mediados de diciembre del presente año, y donde se elegirá y renovará a la dirección política, dado que esta ya cumplió un año de vigencia, y por tanto está finalizando su ciclo estatuariamente establecido.
—Ud. vive en México y, por ello, la distancia es un aliado que permite ver, en este caso, el contexto peruano desde otra perspectiva, quizá menos desapasionada. Es evidente que hay una crisis de gobernabilidad, tanto el Ejecutivo y el Legislativo tienen problemas para llegar a acuerdos que beneficien al país. ¿Cómo calificaría el desempeño de las bancadas de oposición al gobierno de Pedro Castillo?
Las bancadas de oposición al presidente Castillo no desempeñan propiamente una estrategia política como sucede en otros países, casi todos sus integrantes solo obedecen a sus intereses privados, y el más inmediato de los mismos es haber obtenido un sueldo como parlamentarios, aunque el más importante sea recuperar sus “inversiones” que hicieron en campañas electorales, a través de conseguir algunas obras públicas para sus regiones, de tal forma de promover clandestina e ilegalmente empresas a través de terceros para ganar las licitaciones que dichas obras conllevan. Este es un mecanismo corrupto que se viene llevando a cabo en la política parlamentaria desde hace 30 años. Los gobiernos de turno en este lapso han utilizado estos intereses ilegítimos de los congresistas de diversos periodos parlamentarios, para conseguir la gobernabilidad que necesitan tolerando estas prácticas, y en el fondo haciendo de las mismas un instrumento de negociación para conseguir votaciones favorables y aprobatorias de sus gestiones y ministros.
Esta precaria y viciosa gobernabilidad se rompió con la elección de PPK en el 2016, cuando la no aceptación del resultado electoral por parte de Keiko Fujimori (y en tanto que consiguió una mayoría absoluta en el Congreso) generó una imposibilidad de un gobierno unificado, y por tanto las principales iniciativas del Gobierno fueron paralizadas y sus ministros y gabinetes censurados. Esta crisis de gobernabilidad se prolonga hasta el presente por el fenómeno de extrema polarización y de fragmentación de la representación política, lo cual tampoco permite que el actual presidente Castillo tenga mayoría en el Congreso, e incluso ahora ni siquiera sea la primera minoría, dada la ruptura que recientemente ha tenido con el partido con el que postuló a las elecciones.
No obstante que el presidente Castillo se encuentra absolutamente disminuido frente al Poder Legislativo, este no adopta una estrategia de vacancia o censura ministerial por el temor de perder sus “empleos” y la oportunidad de recuperar sus inversiones realizadas en las campañas electorales. En consecuencia, el mero interés privado de los congresistas anula toda forma de interacción estratégica de cuerpos colectivos: partidos políticos, poderes públicos, y la política institucional (Ejecutivo-Legislativo) queda reducida a una parálisis institucional por la ausencia de mayorías, y de una convivencia inmediata para evitar la vacancia del presidente a la vez que la propia disolución del Congreso. En suma, una especie de empate técnico entre ambos poderes del Estado pero que conlleva a un bloqueo de la gobernabilidad.
—En su momento, declaró que los partidos políticos son empresas privadas, o en todo caso, se portan como tales. En los próximos meses se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales. ¿Cuál es la propuesta del Partido Republicano?
El principal objetivo del PRP es el reconocimiento legal como partido político, pero desde una perspectiva diferente a los demás: una entidad de carácter público y de estricta democracia interna, todo ello requiere el mayor esfuerzo de nuestros militantes y dirigentes y en el tiempo que nos tome. El segundo objetivo nuestro es la formación de cuadros en la acción política de carácter republicano y de servicio a la sociedad; por tanto, de subordinar intereses legítimos de aspiraciones electorales a un fin superior: un nuevo tipo de partido político.
En ese sentido, las elecciones regionales y municipales del 2022 no es una prioridad para nosotros, siendo importantes seguirán el patrón conocido por los electores: el dilema de escoger entre el mal menor. En ese contexto, nos preocupa que los actuales partidos políticos privatizados hayan emprendido una contrarreforma legislativa para eliminar toda exigencia de democracia interna que existía en la ley electoral, y que por tanto afecta también a la democracia en su conjunto. Mientras la política sea un escenario cerrado y excluyente a cargo de dueños y caudillos, hemos de pugnar por desprivatizar la política y politizar el Estado, para ello lo primero es fundar un partido político público y democrático.
—En los partidos de izquierda peruanos, hay una crisis permanente: su falta de capacidad de gestión. Con esto no se quiere decir que la gestión de derecha sea una maravilla, pero a ¿qué debe que cada vez que la izquierda tiene un cargo de poder, le resulta difícil barnizar una buena gestión (ejemplos: la actualidad de la gestión de Castillo, y hace un tiempo la de Villarán)? Esta es la principal percepción de la población sobre los partidos locales de izquierda.
Para “barnizar” una gestión quizás se requiera más un equipo experto en comunicación política que buenos cuadros técnicos, y la izquierda carece de ambos. Pero el tema principal no es el “maquillaje” de un gobierno sino la capacidad de cambio y transformación en un contexto de crisis sistémica en la cual vivimos (la sumatoria de una crisis económica, crisis política, crisis moral, crisis sanitaria), y de empobrecimiento de la población y de la agudización de las brechas de desigualdad.
La izquierda a nivel internacional sufre una crisis existencial en pleno siglo XXI, ya que no ha logrado actualizar sus valores e ideas a los tiempos posmodernos: cambio de sistema productivo, emergencia de demandas de nuevos actores sociales, globalización, nuevos modelos de comunicación especialmente en el ámbito virtual, migraciones masivas, y los desafíos de la pandemia y sus secuelas sociales, económicas y políticas. Por otro, la izquierda peruana (especialmente la que está en el Gobierno) vive un paradigma del siglo XIX e inicios del siglo XX: el marxismo – leninismo. Esta izquierda oficial no tiene idea ni siquiera de los aportes de su propia ideología en los tiempos recientes, especialmente del posmarxismo: la escuela de Frankfurt, y pensadores como Hannah Arendt, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, y menos de pensadores vivos como Jurgen Habermas, Anthony Guidens, Judith Butler, Thomas Piketty, entre muchos otros.
Por lo tanto, la izquierda peruana tiene la actual paradoja de estar más desubicada que nunca, pensando en autores de hace un siglo como el propio Mariátegui, y sin una actualización de su pensamiento. Por otro lado, sus cuadros técnicos solo obedecen a una formación profesional de universidades de formación liberal y neoliberal, y por tanto solo saben aplicar recetas que NO se ubican dentro de su propia ideología, ya sea actualizada o desactualizada. En ese sentido, los operadores de campo de la izquierda y con cargos dirigenciales partidarios rechazan el accionar de cuadros técnicos ubicados en los altos niveles del Estado peruano, como el actual ministro de Economía y otros varios ministros y viceministros, o directores generales.
—Mientras que el Gobierno apunta a la Asamblea Constituyente, el Congreso hace lo propio con la vacancia presidencial. ¿Siente que los partidos políticos están atentos a la población?
La política tiene su propia lógica para lograr alcanzar metas que beneficien a la sociedad, entre ellas lograr la gobernabilidad y la estabilización de la política. Las claves políticas no pasan íntegra o exclusivamente por las demandas ciudadanas, siendo las mismas también importantes, pasan también por generar reglas de juego (leyes) que permitan un entendimiento y un acuerdo entre los actores, pasa por recuperar el carácter público de las instituciones del Estado y romper el círculo vicioso de la “empresas políticas”, pasa por abrir las puertas y romper las barreras de entrada para participar en política y que los propios ciudadanos expresen directamente sus demandas en la arena oficial, pasa por la formación y capacitación de los ciudadanos en la acción política, y para que no ingresen a la política solo para canalizar sus intereses personales sino para deliberar y resolver problemas de bienes públicos y comunes.
—De la manera más didáctica posible, ¿podría explicar qué es el republicanismo?
En un sentido general, el republicanismo busca la preservación del espacio público, concibiéndolo como aquel lugar donde la pluralidad se desarrolla, donde los ciudadanos se encuentran para convivir, conversar, deliberar, decidir, disfrutar, compartir. El espacio público republicano es una forma de convivencia ciudadana pacífica que permite la realización de la igualdad y de la libertad de todos sus integrantes.
El republicanismo moderno considera que la principal amenaza contra el espacio público es la desigualdad, aquella que divide a los ciudadanos según su capacidad y tenencia económica, y que genera los incentivos para que los más ricos privaticen los espacios públicos. La desaparición de los espacios públicos genera una exclusión del resto de ciudadanos, desplazando así el bien común por el interés privado, lo cual representa el núcleo de la corrupción. Este es el modelo que ha estado vigente con la hegemonía del neoliberalismo en las tres últimas décadas de la historia peruana.
Una adaptación de las ideas republicanas al caso peruano nos permite observar que hemos estado subordinados y dominados por el mercado y por el Estado. El mercado que, desde la proyección liberal, debe ser un ámbito de competencia abierta ha sido una granjería de monopolios y oligopolios, que cuando han fracasado económicamente han recurrido al Estado para solventar sus pérdidas y mantener sus privilegios. Este mercado viciado no beneficia a la sociedad con productos de buena calidad y/o precios bajos, y las empresas coludidas y corruptas no garantizan las mínimas condiciones laborales de sus trabajadores, en tanto que no cumple con sus aportes de seguridad social y jubilación, y los somete a jornadas laborales exhaustivas y enajenantes.
Por otro lado, el Estado no ha sido un defensor de los derechos ciudadanos ni tampoco ha sido un promotor y un agente de paz y seguridad ciudadana. El Estado peruano solo ha validado el orden social injusto, la desigualdad económica, y ha tolerado y protegido posiciones de privilegios que favorecen a un sector minoritario de la sociedad, un ínfimo uno por ciento que acapara casi la mitad de la riqueza y la producción nacional. Asimismo, los mecanismos electorales actuales del Estado peruano restringen la participación ciudadana en la política solo a un voto quinquenal, cuyas opciones de elección son partidos políticos empresariales, que tienen como propietarios a inversores que solo pretenden recuperar su capital a través de los resultados electorales y obteniendo cargos de autoridades estatales, cuya tarea inmediata es favorecer licitaciones y contratos públicos/privados para sus promotores económicos o para sí mismos.
La sociedad peruana vive y sufre hoy en día una política patrimonialista, en la cual la clase política no distingue entre su propiedad y los bienes públicos, donde el Estado y los agentes corruptos del mercado actúan coludidos para buscar el beneficio privado de una minoría excluyente. La población está minimizada y utilizada, siendo asumida solo como productores, clientes, consumidores y votantes cautivos de partidos políticos empresariales; ni siquiera alcanzan la categoría de ser ciudadanos, dado que no tienen la misma dignidad ni bienestar que la minoría dominante. Debemos como republicanos eliminar esta estructura de dominación política y económica, hay que poner al Estado y al mercado al servicio de la sociedad peruana.
—¿Cómo califica el rol del Partido Morado en estos últimos años? ¿Qué piensa de la gestión de Francisco Sagasti?
Han existido en la historia política peruana muchos presidentes que han durado menos de un año en el cargo (en el siglo XX: Manuel Candamo, Serapio Calderón, Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley) y ya nadie los recuerda. Los mismo sucederá con Manuel Merino y Francisco Sagasti con el paso del tiempo. Quizás la excepción sea Valentín Paniagua que en los ocho meses que estuvo en el Gobierno desarticuló la mafia fujimontesinista que aún quedaba en el aparato del Estado y permitió una transición democrática exitosa, y aun así no logró ser reelecto o alcanzar una votación importante en las elecciones del 2001. Los presidentes efímeros suelen ser productos de lo que el republicano Basadre llamaba “el azar en la historia”.
