Buena parte de la mecha de protestas que se encendió en Huancayo viene de la indignación de los agricultores, que se quejan del incremento del precio de los fertilizantes.
Se trata de una guerra muy avisada. Clímaco Cárdenas de CONVEAGRO advierte del problema desde hace más de seis meses. Los fertilizantes vieron su precio dispararse en 300% durante el último año y se trata de un fenómeno que precede claramente a la guerra en Ucrania.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, anunció el domingo 3 de abril, en medio del recrudecimiento de las protestas, que, para paliar la crisis, el Gobierno adquirirá S/ 700 millones de este producto a Bolivia.
En realidad, es una noticia vieja.
El 30 de octubre se firmó un acuerdo con Bolivia, en el marco del VI Gabinete Binacional, mediante el cual ese país se comprometió a proveer al Perú de urea. Pero pasaron los meses y no se supo nada. Ni CONVEAGRO ni la Cámara de Comercio de Lima recibieron información del sector Agricultura, frente al cual estaba por entonces Víctor Mayta.
La planta controlada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reactivó en setiembre del año pasado tras 22 meses de para. Ya desde entonces los especialistas advertían que poner muchas expectativas en la posibilidad de importar el fertilizante de Bolivia era muy riesgoso. Y toda la información apuntaba a que el stock no alcanzaba para proveerlo a los agricultores peruanos.
La cifra de entre 700 y 720 millones es la que se anunció desde ese momento. Pero no pasó nada.
En 2020, se importaron 1.27 millones de toneladas de fertilizante. Los principales proveedores fueron Rusia (37%), China (20%) y Estados Unidos (20%). Antes de la invasión rusa a Ucrania ya China había cerrado sus exportaciones de fertilizante y tanto Europa como Estados Unidos bajaron su producción por el incremento del precio del petróleo y la energía.
El Gobierno había lanzado con bombos y platillos la tan comentada segunda reforma agraria. Brevemente, el cusqueño Mayta estuvo al frente de la Confederación Nacional Agraria (CNA). Excandidato al congreso por el Frente Amplio, Mayta guardó un bajo perfil, pero al menos venía del sector y en las pocas declaraciones que ofreció mostró conocimiento de su agenda.
A Mayta lo cambiaron por Alberto Ramos, que duró una semana en el Gabinete de Héctor Valer. Y de ahí por el congresista Zea, sin experiencia en el sector y quien lleva dos meses en el cargo. Los dos procesos por homicidio en los que estuvo involucrado no han bastado para que lo censuren en el Congreso.
Como declaró Cárdenas de CONVEAGRO en febrero,: “El hombre del campo espera resultados y para obtenerlos tiene que haber capacidad, no solo voluntad política. Se necesita un gerente, un estadista, un hombre que nos diga cómo hacer estos cambios”. Apenas luego de ocho meses de empezar, el gobierno de Pedro Castillo también es un fracaso de gestión en el sector en el que se suponía que iba a sacar la cara por su electorado.
Mientras tanto, y en anticipación de la crisis, el Parlamento de Colombia aprobó en diciembre el proyecto de ley de insumos agropecuarios para beneficio de los pequeños y medianos productores. Su financiamiento está garantizado con el 10% de las utilidades del Banco Agrario y fue promovido y liderado por el ministro de Agricultura de ese país, Rodolfo Zea, que antes de ocupar ese cargo fue presidente de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario y pasó por todos los altos cargos del Fondo de Desarrollo Territorial de su país. Es el segundo ministro del sector del gobierno de Iván Duque, que va por su último año. Castillo ya va tres. La única coincidencia es que ambos se apellidan Zea.
