En el marco de las investigaciones por las muertes ocurridas en las protestas de diciembre pasado iniciadas por el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, dispuso, este viernes 6 de enero, el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra para esclarecer su presunta participación en las 28 personas fallecidas por disparos de arma de fuego.
Investigación fiscal que también recae en Alberto Otárola Peñaranda, actual presidente del Consejo de Ministros, quien en el momento de las muertes estaba a cargo del Ministerio de Defensa; César Cervantes Cárdenas, exministro del Interior y en el expremier Pedro Angulo Arana, entre otros que resulten responsables.
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“Las denuncias tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022”, escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la jefa de Estado, saludó la decisión del Ministerio Público de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre del 2022.
A través de la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República, se informó que la mandataria asegura que dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades.
Tras la toma de mando de Boluarte Zegarra, el 7 de diciembre, ocurrieron una serie de protestas a nivel nacional donde la población exigía la liberación del vacado presidente Pedro Castillo, así como convocar a nuevas elecciones, cierre del Congreso y una nueva Asamblea Constituyente.
El Ejecutivo ordenó el estado de emergencia en varias regiones y como consecuencia de las revueltas 28 personas perdieron la vida por arma de fuego, decenas de ciudadanos quedaron mal herido y se destruyeron locales del Estado y del sector privado. Muchos efectivos policiales también fueron mal heridos producto de las revueltas.
