Una medida para reactivar la economía que ha pasado inadvertida entre las que tomó el ministro de Economía y Finanzas Kurt Burneo, fue la eliminación del requisito de la exigencia de líneas de crédito adicionales a las cartas fianza, a las constructoras que participan en licitaciones públicas. Se trató de uno de los principales factores que permitió la emergencia del llamado Club Chino de la Construcción, que se impuso sobre las brasileñas y aquellas integrantes del Club de la Construcción original.
“Por fin se levanta tras tantas denuncias de los medios de prensa”, considera el abogado experto en contrataciones con el Estado César Candela. “Está bien que el Estado exija una garantía pero que siguieras demandando líneas de crédito cuando ninguna empresa en la pandemia tenía la capacidad de brindarlas más que los chinos, era inaceptable. En pocas palabras, les abres el mercado”.
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Como ha quedado sentado, además, cuando la obra se paraliza por incumplimiento, las millonarias cartas fianzas no son cobradas gracias a los amparos que interponen las empresas. El resultado es que, si en junio del año pasado las obras paralizadas equivalían a S/.19 mil millones, hoy se acercan a los S/.38 mil millones.
“La única banca internacional con ese respaldo”, continúa Candela, “es la china que está instalada en el país”. Critica que gestiones anteriores en el MEF no hayan eliminado el requisito y se haya esperado prácticamente dos años.
“Debieron generar condiciones para que las empresas peruanas sigan licitando”, insiste. “Terminaron subcontratadas por los chinos que les hicieron perro muerto”.
Candela recuerda que la principal “innovación” del gobierno de Pedro Castillo consistió en introducir consorciados sin experiencia y que en algunos casos tienen cercanía hasta con el presidente. Además de “congresistas que han estado presentando empresas para poder licitar en sus zonas y adjudicarles obras a cambio de sus votos”.
“Este caso de los chinos amerita una investigación del Parlamento tan grande como el caso Odebrecht, donde incluso hay investigaciones y procesos penales a exministros. Son US$5,000 millones de obras otorgadas a los chinos en 5 años. Todo el aparato público y el marco nacional e internacional utilizado para favorecer a esas constructoras”.
