La congresista Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria, reiteró su pedido a la Fiscalía de la Nación para que se realicen investigaciones sobre el frustrado proceso de compra de fertilizantes a cargo de la oficina de Agro Rural, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El oficio fue remitido al fiscal superior Pablo Sánchez, con atención al Fiscal Superior en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello.
El último domingo el programa “Contracorriente” de Willax Televisión difundió unos audios que demostrarían que hubo una presunta coima en la licitación otorgada a la empresa brasileña MF Fertilizantes para la compra de 73,000 toneladas de urea.
En una de las grabaciones se escucha que la compañía entregó US$ 55 millones para obtener la licitación, de las cuales el 15% (US$ 8.25 millones) era parte de la coima para los funcionarios de Agro Rural. Este monto coincide con el sobreprecio que iba a pagar Agro Rural a MF Fertilizantes si se compara con la propuesta de la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG), que ofrecía vender cada tonelada de urea US$ 100 más barato.
“Ya se ha determinado que es 10 adentro y 5 fuera, o sea, de los patas de los gestores, de ellos, está el asesor legal, está el asesor del ministro y todo lo demás. (…) Como supuestamente el ministro no pinta para nada acá, así que los 10 que eran del ministro no se está tocando, o sea, 15 queda en nuestro poder”, se escucha en el audio. También se menciona que “se ha comprometido ya a la gente del comité, la gente que es el jefe de Agro Rural, cada uno se va a llevar lo suyo”.
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Como se sabe, el viernes último, Rogelio Huamaní fue cesado en su cargo de director ejecutivo de Agro Rural, en un ministerio donde existen varios funcionarios de Perú Libre.
El jueves último, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, informó que se dejará sin efecto la segunda licitación realizada por Agro Rural, en que la empresa brasileña MF Fertilizantes fue la ganadora para la compra de 73 mil toneladas de urea, luego de que la Contraloría General de la República encontró serias deficiencias en el proceso de licitación.
