Se ha vuelto a poner en el debate nacional el tema de la vacancia presidencial. Se ignora exactamente cuál sería el motivo para remover al presidente Vizcarra, pero el elástico concepto de la incapacidad moral permanente permite cualquiera. Se invoca desde la doble conducta en el manejo del proyecto Tía María (el Gobierno concede la licencia para inmediatamente después suspenderla), hasta la propuesta
de adelantar las elecciones generales para el próximo año 2020, concebida como un atrevimiento inconstitucional. El Perú está próximo a cumplir el bicentenario de su independencia y nuestra actual clase política sigue ganándose, con inusitado desenfado, su abrumadora deslegitimación. Ocho de cada diez peruanos la desprecia.
Y es que en ese largo recorrido de casi doscientos años, únicamente tres presidentes merecieron ser destituidos José de la Riva Agüero, quien fue el primero en ostentar el título de presidente de la República, luego de haberse logrado nuestra independencia, y Guillermo Billinghurst, a comienzos del siglo XX, ambos por serios enfrentamientos con el Congreso. El tercero fue Alberto Fujimori, al inaugurarse el nuevo milenio, por las razones harto conocidas: haber huido al Japón para renunciar por fax, haciéndose merecedor a la figura de la incapacidad moral permanente.
Ahora bien, desde que se inició el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el año 2016, la figura de la vacancia presidencial se instaló en el lenguaje cotidiano de nuestra vida política, convirtiéndola en una verdadera banalidad. Lo que en nuestra tradición republicana de casi dos siglos fue una institución absolutamente excepcional, porque efectivamente lo es, de repente se convirtió en un instrumento recurrente.
Para formarse una idea de la superficialidad con la que se ha venido tratando dicha figura jurídico política, en apenas diez y ocho meses de iniciado el mandato de PPK, se planteó dos veces la vacancia presidencial allí donde en los casi doscientos años de historia
