Los actos de violencia en Puno que han sumado 18 fallecidos hasta el momento: expresan la poca capacidad de respuesta del Estado para contener estas protestas contaminadas de vandalismo. Es lo que nos toca presenciar por no habernos ocupado, en su momento, de darle consistencia a la institucionalidad: la representatividad política no significa casi nada en el interior del país porque nunca se ha encontrado presente en términos prácticos y eficientes, solo se ha mostrado para incursionar en la corrupción y en los contubernios políticos. Así, de esta forma, la cancha quedó libre para aquellos que transitan fuera de la ley. Varios personajes de ese tipo son los que ahora organizan las incursiones vandálicas en el país. Son los que se aprovechan de la insatisfacción y la frustración de la población. Y los escuchan. La ira ha podido más.
Ahora somos vulnerables frente un asedio violentista que es fustigado por sectores vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal: ellos son los que financian muchas movilizaciones con el objetivo de desestabilizar el sistema y propiciar el caos. Asimismo, también se encuentra el Movadef que cumple un rol de organizador en las distintas manifestaciones en el país. Así, de esta manera, el Estado, el frágil Estado peruano ha respondido como ha podido y no como debió hacerlo.
La falta de prevención para organizar un plan de contención policial eficiente no se evidenció: se sabía que las protestas violentas iban a ser retomadas, es allí donde el Estado falla y se ve superado, por ejemplo, en Puno. A eso hay que agregar la falta de manejo en el uso excesivo de la fuerza: la policía teóricamente está preparada para neutralizar y romper manifestaciones por medio diversas tácticas y herramientas donde se incluyen las armas no letales. Pero ese tipo de accionar no se ha evidenciado.
Es necesario señalar que en este contexto no encontraremos una respuesta correcta para todo: estamos en un caos que tiene muchas aristas y se requiere analizar distintos aspectos para comprender las razones de estar en una situación tan dramática. Es cierto que la responsabilidad política sobre las 46 muertes ocurridas desde diciembre recaen en la gestión de Dina Boluarte. Sin embargo, hay que recordar que este gobierno es de transición y no posee las herramientas políticas necesarias para afrontar con solvencia esta severa crisis; exacerbada en la magnitud que conocemos por quienes poseen agendas que persiguen tumbarse el sistema democrático. En este contexto, hay congresistas de Perú Libre vinculados a intereses antidemocráticos e ilegales: cómplices de maniobras desestabilizadoras. Basta escucharlos y ver su comportamiento en el Parlamento para desconfiar de su compromiso genuino con el país.
Las protestas van a continuar y es fundamental hacer distinciones en este escenario caótico que vivimos: no se puede negar que existen sectores de la población en el país que están hartos de vivir postergados y en la miseria. No todas las protestas han estado conformadas por vándalos, pero sí es cierto que actores con objetivos políticos hostiles a la democracia están jugando un papel para llevarnos al desconcierto absoluto. Eso ha quedado expresado en los ataques a las comisarías, dependencias públicas, aeropuertos, centros comerciales, en los 400 policías heridos —75 en Juliaca— y un policía muerto que fue quemado por la turba en Puno. Acciones que no responden a una manifestación social pacífica.
El asesinato del suboficial José Luis Soncco Quispe, quien fuera quemado dentro de su patrulla en el marco de estas ‘protestas’ en Puno, es un trágico ejemplo de la violencia que está imperando: aproximadamente cien sujetos atacaron a la unidad policial y redujeron al suboficial Soncco y a su compañero, el suboficial de tercera Ronald Villasante. Villasante sí pudo escapar.
Este crimen es el rostro espeluznante de las reales dimensiones de muchos de estos ‘manifestantes’ y de quienes están moviendo los hilos de estas movilizaciones: operadores políticos siniestros que persiguen la inviabilidad de acuerdos o negociaciones. Viaja una comisión de alto nivel a Puno y no hay con quiénes dialogar. El mensaje es claro: no les interesa dialogar, sino imponer una agenda a través del terror.
En este contexto es pertinente invocar a las fuerzas políticas democráticas a actuar de manera responsable y que dejen de lado sus pequeñas o menudas agendas políticas. El Perú se incendia y no tenemos un gobierno fuerte, sólido: es frágil y huérfano de apoyo. Es un mandato de transición, no tiene bancada y recibió un país con las minas listas para explotar. Esa es la realidad, era previsible el estallido: sabíamos quién era Pedro Castillo y de dónde procedían muchos de sus apoyos. Quietos no se iban a quedar. Ahora, si nos hacemos los que ignorábamos o nos ponemos en modo negación sobre quiénes nos gobernaron en el último año y medio: es una tragedia. Y lo peor es que vendrán más.
