Se acaba de denunciar que la candidata al Congreso de Fuerza Popular por la región La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en una clínica privada de Trujillo que no atiende pacientes con COVID-19, donde trabaja como psicóloga clínica. La mencionada clínica SANNA-Sánchez Ferrer recibió un lote de 157 vacunas.
Olórtegui dijo que su primera reacción fue intentar ceder la vacuna a quien verdaderamente la necesite pero le respondieron que solo estaba asignada a ella. La fujimorista criticó al Ministerio de Salud por no establecer mejores filtros y priorizar a quien verdaderamente lo necesita. Y más allá de la politización de este tipo de historias, simplemente tiene razón.
CARETAS y otros medios de comunicación han registrado otros cientos de casos similares. Pero las supuestas irregularidades no son tales, pues la directiva sanitaria del Ministerio de Salud que establece el orden de vacunación dispone que el primer grupo a ser inoculado está compuesto por “toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud”. Ese número, todos los trabajadores del sector salud y no únicamente los de primera línea, es de aproximadamente medio millón de personas. El íntegro del primer lote de Sinopharm se va por ahí.
Le siguen 250 mil vacunados de las Fuerzas Armadas y la Policía, 15 mil bomberos e integrantes de la Cruz Roja, 240 mil miembros de mesa y 230 mil integrantes de serenazgo y limpieza pública, y todos los estudiantes de medicina: alrededor de 1.3 millones de personas.
Según los cálculos de la primera línea, que incluyen a los trabajadores del sector salud, fuerzas del orden y personal de limpieza, la primera línea de acción contra el coronavirus está en el orden de las 400 mil personas.
La directiva sanitaria del Minsa ordena vacunar casi a un millón de personas más allá de la primera línea antes de comenzar a vacunar a los adultos mayores, que son la gran mayoría de fallecidos en esta pandemia.
La firma del abogado y activista Wilfredo Ardito encabeza la lista en una carta abierta que exige priorizar la vacunación del adulto mayor antes de empezar la segunda fase, como actualmente se encuentra establecido. Según los números oficiales, 35 mil adultos mayores han muerto ya y la mencionada carta refiere que morirán otros 15 mil antes de comenzar la segunda fase.
De la revisión que puede hacerse en línea, el Perú es el único país que no ha incluido a adultos mayores en la primera fase de vacunación, en paralelo con el personal de primera línea. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, debe responder cuál es el criterio para tamaño despropósito.
