Transparencia en los procesos arbitrales. Durante el 2022, se registraron un total de 11,381 visitas a la Ficha Única del Árbitro (FUA), herramienta desarrollada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que busca impulsar la transparencia de la información de los árbitros inscritos en el Registro Nacional de Árbitros (RNA – OSCE).
Este buscador disponible en: https://apps.osce.gob.pe/arbitros-rna/buscar, brinda información de interés para entidades públicas, procuradurías y órganos de defensa jurídica del Estado, además de los contratistas, respecto a quienes son los actores que participan en los arbitrajes en contrataciones del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley.
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La cifra de visitas registrada en 2022 representa un incremento del 10.3% respecto al 2021, cuando la FUA acumuló 10,225 visitas. La ficha permite conocer la formación académica, experiencia profesional y laudos emitidos por los árbitros del RNA-OSCE; además de las sanciones que se hayan impuesto, de ser el caso, por infracción al Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado y por el Tribunal de Contrataciones con el Estado.
De igual manera, los usuarios y ciudadanía en general pueden acceder a la información relevante de los profesionales inscritos en el RNA-OSCE, que pueden ser designados como árbitros para resolver las controversias surgidas en la ejecución contractual entre entidades y proveedores del Estado, lo que contribuye a la transparencia en los procesos arbitrales.
Cabe destacar que, desde su implementación en febrero del 2021, la Ficha Única del Árbitro (FUA) cuenta con más de 22 mil visitantes. Así mismo, el presente año se actualizará el formato de la FUA para contar con la información de la Declaración Jurada de Intereses suscrita por los árbitros, conforme a Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a dicha declaración.
El OSCE ratifica su compromiso de promover y supervisar contrataciones públicas transparentes, íntegras, eficientes y eficaces con miras a satisfacer las necesidades de la población, dentro de su política de lucha contra la corrupción.
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