Para toma del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se destinó 536 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes ingresaron derribando, con una tanqueta, la puerta 3 para reducir a los manifestantes que se albergaban dentro de las instalaciones y proceder a intervenir a las personas que permanecían alojados, aún cuando no contaban con la presencia de representantes de la Fiscalía de la Nación, ni de la Defensoría del Pueblo.
Además de derribar la puerta de ingreso a dicha casa de estudios, videos difundidos en las redes sociales y diversos testimonios dan cuenta del uso de bombas lacrimógenas por parte de los agentes policiales, sin embargo, el acta de intervención policial, difundida por Epicentro TV, señala textualmente, que “en la intervención policial efectuada, solo se utilizó dos agentes de mano de aturdimiento (generadoras de sonido)”.
El ministro del Interior, Vicente Romero, argumentó que la intervención de la PNP se dio en estricto cumplimiento del marco legal ya que la institución consideró que se había cometido un delito en flagrancia (usurpación agravada). Sin embargo, el abogado Julio Arbizu, cuyo estudio interviene en la defensa de los alumnos y manifestantes detenidos, precisó a CARETAS, que para la comisión de este ilícito, se exige no solo violencia, sino la intención de apropiarse del predio. Además, señaló que el decreto que dictó el Estado de emergencia, no habilita a la Policía a actuar sin la presencia del fiscal correspondiente ni de los abogados de los intervenidos.
En esa línea, cuestionó que se haya intervenido la residencia universitaria y se haya arrestado a sus inquilinos, dado que ellos viven ahí, debido a que cuentan con este beneficio otorgado por la universidad.
“Así lo hubieran cometido -usurpación del predio-, no había flagrancia, porque estaban desde hace varios días ahí”, sostiene el abogado.
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Incluso -detalla Arbizu- se impidió por más de 10 horas, que los abogados de los detenidos pudieran reunirse con ellos, y en ese lapso de tiempo, se les habría obligado a firmar actas, documentos que no conocían y en algunos casos les habrían hecho dejar su DNI en sede policial.
“Lo que han hecho es una performance, una advertencia, para que la gente sepa hasta qué niveles de brutalidad puede llegar la Policía y el Gobierno”, añade, dando cuenta que la mayoría de los detenidos, tuvieron que ser liberadas, dada la debilidad de las imputaciones.
El acta de intervención, dice el abogado, fue redactada posteriormente a la misma intervención. Según el documento, se elaboró a las 7 de la noche del 21 de enero y está firmada por el coronel PNP, Frank Chang Campos.
Arbizu señala que este documento debió dar cuenta del uso de bombas lacrimógenas durante la intervención. “No lo está porque -la toma- fue absolutamente arbitraria y desproporcionada. No había ninguna necesidad de irrumpir de la forma en que lo hicieron ni de tirar bombas lacrimógenas dentro de las instalaciones de la residencia”, manifestó.
Esta omisión podría configurar, por lo menos, abuso de autoridad, explicó.
Además, señaló que la única prueba en la que se basó la Policía para atribuir el delito de terrorismo a cuatro de los intervenidos, fueron unas banderas que decían “no matarás, ni con hambre, ni con balas”, y aseveró que los efectivos no encontraron “nada incriminatorio”. Desde el Gobierno, se señaló que se encontraron piedras y huaracas.
“Las declaraciones de los detenidos y de los propios policías dan cuenta de que el propio operativo no se sustentaba en nada”, dice Arbizu al respecto.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las mujeres detenidas, fueron obligadas a desnudarse y agacharse a fin de que se pudiera buscar, en sus partes íntimas, drogas u otros elementos.
También se dio cuenta del hacinamiento que sufrieron muchos de los detenidos quienes fueron derivados a la Dirincri y la Dircote tras la intervención de la Policía en la “Decana de América.
Por su parte, Julio Arbizu señaló que los abogados que defienden a los detenidos se encuentran evaluando una contrademanda, debido a las lesiones que se habrían dado en el marco de la intervención del sábado 21 de enero.
