Representando una marcha fúnebre con cruces de madera, las cuales llevaban los nombres de las personas defensoras asesinadas, un grupo de jóvenes activistas de la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras, conformada por más de 15 organizaciones de la sociedad civil, realizaron un plantón en los exteriores del Congreso para exigir al Gobierno que se modifique el presupuesto que se ha asignado al Mecanismo para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, pues consideran que es insuficiente.
Por ello, piden la incorporación de la sexagésima quinta disposición complementaria final en el “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023”, solicitando que sean asignados S/. 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Dirección General de Derechos Humanos, y S/.20’000,000 veinte millones) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.
“Queremos que el presupuesto sea aprobado en el Congreso y así proteger a los defensores en el país. La aprobación del mismo permitiría financiar actividades de monitoreo ambiental, también resguardo policial y acompañamiento para intervención e interdicción en varios lugares de nuestro país. La próxima semana vamos a venir con los defensores de 12 regiones para exigir al Congreso en general la aprobación de dicho presupuesto”, señaló Karina Castro, politóloga y activista.
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Agregó que en caso no sea aprobado este presupuesto, los defensores y defensoras realizarán paros a nivel nacional “No queremos llegar a esos extremos. Lo que pedimos es una acción inmediata, una solución pacífica, viable y con respuesta oportuna del Estado no tardía cuando estén muertos, como ha pasado con los 26 asesinados en los dos últimos años”, señaló Karina Castro.
En tanto, Augostina Mayan, defensora indígena Awajún del ambiente y de DDHH espera que el Gobierno tome acciones a la brevedad, porque viven amenazados constantemente por narcotraficantes y taladores ilegales, a quienes no les importa sus vidas sólo mantener sus ilegales negocios.
“En mayo de este año pedimos al Estado que realice la interdicción y la intervención contra la minería ilegal en el distrito de El Cenepa, pero sentimos que en el Gobierno no están tomando en serio la problemática que vivimos a diario, o no lo están viendo como que es un problema grave, sino estarían tratando de minimizar este pedido. Siempre nos dicen que no hay presupuesto”, sostuvo Mayán.
Desde el año 2019 a la fecha han sido asesinados 26 defensores y defensoras del medio ambiente y de derechos humanos. A partir del 2020 se han contabilizado 104 ataques o amenazas, que incluyeron destrucción de bienes privados, difamación, amenazas a la seguridad personal y agresiones físicas, psicológicas o sexuales.
El próximo miércoles 30 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República deberá decidir la aprobación del presupuesto público 2023, con lo cual se podrá o no modificar el presupuesto que ha asignado el MINJUSDH al Mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Por ello, es fundamental que los sectores involucrados en el mecanismo intersectorial cuenten con los recursos suficientes para implementar los protocolos de protección personal y garantías, sobre todo para las personas miembros de pueblos indígenas u originarios.
Para conocer más sobre la campaña puede ingresar a la siguiente página https://www.instagram.com/defensorasydefensoresdelperu/
