La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), presentó un proyecto de ley que propone que todas las modalidades de feminicidio sean sancionadas con la pena de cadena perpetua a través de una modificación al artículo 108-B del Código Penal.
Esta norma se aplicará si se comete este delito en cualquiera de los siguientes casos:
- Violencia familiar
- Coacción, hostigamiento o acoso sexual
- Abuso de poder, confianza o de cualquier posición o relación que le confiera autoridad al agente
- Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente
- Si la víctima era menor de edad o adulta mayor
- Si la víctima se encontraba en estado de gestación
- Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente
- Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación
- Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad
- Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana
- Si en momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente
- Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos – litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas
Asimismo, se prevé que se imponga inhabilitación contra quienes cometan estos delitos.
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El documento recoge las cifras de la Defensoría del Pueblo, que señala que entre enero y julio del presente año, se reportaron 2 891 notas de alerta por desaparición de niñas, adolescentes y adultas mujeres. Adicionalmente, se registraron 17 femicidios en junio, número que es casi el doble de los ocurridos en mayo. También se recogen datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2015 al 2019 se registraron 619 feminicidios.
En el 2020 se registraron 132 feminicidios, 204 tentativas de feminicidio, de los cuales 110 se perpetraron en el estado de emergencia y 37 durante la inmovilización social. Se dio cuenta además, de 50 muertes violentas de mujeres que aún no han sido esclarecidas, según la Defensoría del Pueblo.
