Las ollas comunes son iniciativas populares que existen hace muchos años en el Perú como recurso temporal y solidario emprendido por mujeres de los sectores más pobres ante situaciones de crisis y emergencia. Actualmente se han consolidado como la principal alternativa para paliar el hambre como estrategia de sobrevivencia en medio de la pandemia del Covid-19.
Esta situación de hambre que pasan miles de personas, nos traslada al tema de la seguridad alimentaria, esto quiere decir, que cierto sector de la población no cuenta con los alimentos necesarios para su día a día. Según el informe del Programa Mundial de Alimentos (WFP) en Perú, se estima que cerca de 4 millones de personas se encontrarían en inseguridad alimentaria severa en el país por la crisis de la pandemia.
Vilma Choquehuanca (43) y Abilia Ramos (40), son parte de las ollas comunes en los asentamientos humanos donde viven y no dudaron en contar sus experiencias a CARETAS sobre cómo siguen afrontando esta crisis de hambre.
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Vilma Choquehuanca es una de las coordinadoras de la olla “Atrapando Bendiciones”, ubicado en el asentamiento humano Arenal Alto Pedregal en Villa María del Triunfo. Esta olla empezó en junio del año pasado ante la tremenda necesidad de las familias. “Para nosotras no ha sido fácil empezar, no teníamos ollas, ni cucharones; empezamos de cero con la donación de los vecinos y nos íbamos a los mercados a pedir apoyo”, recuerda.
Junto a Vilma, hay otras dos mujeres Teodolinda Huayta y Silvia Quintanilla, quienes se encargan de preparar la comida desde las 10:30 a.m. para entregar el almuerzo a casi 45 familias que corresponde a 130 personas. “Al inicio hacíamos desayuno y almuerzo, ahora solo almuerzo porque no contamos con todos los productos para preparar”, dicen. Si antes sacaban cinco menús, ahora tres porque algunas personas ya trabajan y se están reactivando poco a poco, pero ellas continúan con las familias que aún necesitan de esta olla común.
El año pasado fueron beneficiadas con varias donaciones, como la de Qali Warma, pero luego de un año ya no hay más y ellas han aprendido autogestionarse solas. “Todas las personas dan una cuota de dos soles para comprar los productos y lo vendemos a un sol. Si no les alcanza, compartimos, no podemos negarle la comida a nadie”, dice Vilma.
A pesar de no contar con una cocina, ellas se las ingenian para preparar los alimentos a base de leña. Además, desde al año pasado han ido sosteniendo esta olla común —como ellas dicen, “para llenar la barriga”— y lograr que se vuelva un comedor popular. “Con la aprobación de la Ley de seguridad alimentaria vamos a tener un presupuesto y una mejor calidad de alimentos para nutrir a nuestros hijos”, indica Vilma.
Según los datos de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, son alrededor de 2 317 ollas identificadas solo en Lima que alimentan a más de 250 mil familias en situación vulnerable, entre las que se encuentran niñas, niños y personas adultas mayores.
Al otro extremo de la ciudad, en el asentamiento humano Antonio Raimondi, se encuentra la olla “Nueva Esperanza”, en San Juan de Lurigancho. Abilia Ramos y otras once mujeres (de ellas siete no saben leer ni escribir) se encargan de esta olla común, que empezó el 20 de marzo de 2020. “Antes de la pandemia preparábamos a la intemperie, de manera rústica, ahora tenemos este local donde podemos cocinar acompañados de nuestros hijos”, explica.
La olla común inicio con 130 personas, pero con el tiempo algunos han conseguido trabajo y ahora solo dan 80 menús (sopa y segundo). También atienden 17 casos sociales, a los que se les entrega alimentos de forma gratuita. “En algún momento se daba desayuno y almuerzo, pero ha sido complicado porque ya no teníamos pollo, azúcar, arroz”, recuerda Abilia. A diferencia de la olla “Atrapando Bendiciones”, ellas siguen recibiendo donaciones. A saber, el último fin de semana les donaron quinua y fue repartida entre todas las ollas comunes del sector.
Abilia, también cuenta que hubo dos madres que se contagiaron de Covid-19, pero lograron recuperarse, del mismo modo niños con anemia o desnutrición, por eso resalta lo importante de la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. “Al aprobarse esta ley, cualquier olla que se forme va tener alimentos seguros ante una nueva crisis o desastre natural, porque desde el Estado vamos a tener alimentos de calidad y no solo papa y agua para llenar la barriga”, enfatiza. Además, “la alimentación es un derecho y esto hará que veamos menos niños desnutridos, con anemia, porque incluso teníamos gente con tuberculosis que se han curado artesanalmente”.
Las ollas comunes están permaneciendo a pesar del clima, las dificultades, el acceso (factor muy importante), donde la mayoría son madres solteras, adultos mayores y/o discapacitados.
Propuesta legislativa aprobada
A más de un año de la declaración del estado de emergencia, finalmente se logró tener una política pública de apoyo consistente a las ollas comunes. Se trata de la Ley N° 6847 de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que presentó la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, del Frente Amplio.
Este proyecto tiene como objetivo reconocer y garantizar la alimentación adecuada, saludable y de calidad de la población, especialmente la de las personas que se encuentran en pobreza extrema, niños y adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.
Recordemos que antes de ser aprobada hace unas semanas, esta ley fue separada de la lista de proyectos que iban a ser debatidos el pasado 8 de julio en el Pleno del Parlamento. Ello ocasionó que diferentes organizaciones y gremios salgan a protestar exigiendo su reconsideración, ya que una de las medidas era destinar presupuesto para las ollas comunes. Otra de las características del proyecto es “fortalecer los componentes de educación, salud, higiene, vigilancia alimentaria y nutricional en las diversas intervenciones de salud públicas a cargo del Estado”.
Sin embargo, días después, el 16 de julio se aprobó el dictamen del proyecto. También se precisó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), a través de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, presente al Congreso de la República un informe escrito antes del 16 de octubre de cada año, en el que se debe consignar el avance de implementación de las políticas públicas sobre seguridad alimentaria y nutricional.
Se ha demostrado que la pobreza no afecta a todas personas (y edades por igual), la pobreza afecta con mayor fuerza a niñas, niños y adolescentes, repercutiendo en la trasmisión intergeneracional de desigualdades.
