Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. CORPAC, es la empresa estatal responsable del control del tránsito aéreo a nivel nacional, lo que quiere decir que es la responsable de la administración, operación, equipamiento y conservación de los aeropuertos NO CONCESIONADOS, así como los servicios de ayuda a la aeronavegación, O SEA EL TRAFICO DE AERONAVES EN EL ESPACIO AEREO PERUANO. Cabe precisar que, si bien tenemos varios aeropuertos concesionados en nuestro país, sus servicios aeroportuarios (aeronavegación, radiocomunicaciones y el control del tránsito aéreo) es gestionado por CORPAC, que según las normas vigentes se reserva al Estado esta función.
Esta empresa estatal fue constituida en 1943 y era la responsable de todos los aeropuertos del Perú en cuanto a su infraestructura y servicios, así como del sistema de aviación. Somos conscientes de que las políticas de privatizaciones y concesiones dieron un impulso a la modernidad de nuestros principales activos, mejorando la infraestructura y la calidad de los servicios. Sin embargo, algunas de estas empresas, entre ellas CORPAC, mantienen 30 aeropuertos y aeródromos, así como funciones que las normas aún le atribuyen. Por tanto, desde el punto de vista sistémico, mejorar las condiciones de infraestructura y servicios, los tienen las empresas concesionarias como son las de LAP en Lima, Chinchero en Cusco y las del primer y segundo grupo de aeropuertos y CORPAC. Roles importantes para las autorizaciones, fiscalizaciones y supervisión son atribuidos a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, ambas entidades del MTC, así como la OSITRAN, organismo supervisor y regulador de las inversiones. Pues todos ellos son los entes que deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los estándares de calidad comprometidos en los contratos y adendas en el marco del Plan Aeroportuario Nacional y de los Planes Maestros.
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Siendo que CORPAC administra y opera algunos aeropuertos y es responsable de toda la red DE NAVEGACION AEREA, es importante entrar a sus principales procesos misionales como empresa que son: seguridad operacional, calidad de los servicios y la eficiencia en la gestión y sobre tales evaluar su gestión.
Como toda empresa del Estado, cuenta con un directorio y una gerencia general. Aproximadamente 100 funcionarios (cargos de confianza), lo que hace un total de 1,500 personas laborando en dicha institución, entre ellas casi 300 son controladores de tránsito aéreo. La mayor carga laboral pertenece a regímenes laborales con estabilidad, es decir, permanentes y encima con sindicatos como el SUCTA, que cada día exigen más y mejores condiciones laborales para el recurso humano a cambio de compadrazgos con los gerentes y directores. Así, todos contentos, todos felices, pero nos preguntamos, dónde quedan los ciudadanos y la calidad de servicios públicos.
En mi calidad de viceministra de Transportes, tuve la oportunidad de despachar con el anterior presidente del Directorio de CORPAC, quien coordinó con MTC- DGAC respecto de las demandas del sindicato que amenazaba con un paro en plenas fiestas navideñas del año 2021. Una de sus demandas era el pago de bonos dado que como generan ingresos propios, las utilidades las suelen dividir y darles de manera anual a sus trabajadores. Pedían aproximadamente que se les dé un bono de 10, 000 mil soles. Les pregunté por sus indicadores de gestión, y señalaron que no cumplieron con su Plan Operativo Institucional debido al periodo de pandemia; también pude conocer la retribución económica de los controladores que suelen hacer varios turnos debido al déficit de los mismos; sin embargo, ponen muchas trabas para ampliar las promociones de su escuela, la misma que suelen dirigirlas sus propios trabajadores. Llegan a percibir algunos de esos controladores hasta 60 mil soles. ¡No lo podía creer! Con apenas estudios técnicos, familias argollas que cuando cesan dejan los cargos a sus hijos o familiares, tal como si fuera una sucesión o herencia. Su estrategia, la presión de hacer paros en plenas fechas importantes y de altas demandas, generando un caos e inseguridad aeronáutica. Lo único que se logró en ese momento fue un aplazamiento de sus demandas para calmar las aguas, pero era un asunto de evidente chantaje sin mostrar mayores resultados de gestión.
Como es sabido, las empresas del Estado son administradas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado- FONAFE-, empresas de derecho público, adscrita al sector Economía y Finanzas- MEF, que norman y dirigen la actividad empresarial del Estado, así como la aprobación de sus presupuestos. Por tanto, el seguimiento de los niveles de eficiencia del Estado, es propio de su Directorio, Gerencia y FONAFE. Realmente, evaluando los instrumentos de gestión, podemos apreciar que sus metas e indicadores son chatos, si los comparamos con otros países. Hay ineficiencia hasta en la adquisición e implementación de radares, pero ¿quiénes evalúan si las funciones del FONAFE están bien dirigidas y exigen que las empresas públicas tengan altos rendimientos? Si las comparamos con las empresas privadas cuyos estándares de productividad y desempeño determinan su continuidad, así como los cambios en el gerenciamiento y personal, bajo una lógica de gestión por resultados, otro sería el escenario.
Sabido es que las empresas del Estado no se someten a los lineamientos del SERVIR, en la línea meritocracia para evaluar el desempeño de su personal, considerando sus planes: objetivos, metas y presupuesto, así como un seguimiento a sus indicadores.
Recetas: contar con directorio y gerentes seleccionados por cazadores de talentos, y no por cargos de confianza, evaluar el rendimiento de las empresas estatales bajo una lógica de gestión por resultados, evaluar el desempeño del personal, otorgar bonos y pagos de horas extras en forma razonable en función del desempeño, tercerizar los servicios de la academia para incrementar la oferta calificada, mejorar sus procesos y condiciones tecnológicas a fin de ser entes modernos. No se puede chantajear nunca más la seguridad, la vida de las personas, el libre tránsito, ni impedir que las actividades económicas y sociales sean vulneradas si queremos ser un país con autoridad y sólidas instituciones. Considerar que los servicios que presta CORPAC son esenciales, son activos críticos y cualquier declaratoria de medida de fuerza, vulnera derechos.
