La Contraloría General identificó un perjuicio económico por más de S/ 2 millones 731 mil en el Gobierno Regional del Callao debido a que se realizaron pagos irregulares al personal con poder de decisión y a los que desempeñaban cargos de confianza o dirección. Cinco funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa ante los hechos ocurridos durante los años 2019 y 2020.
Según el Informe de Control Específico N° 001-2022-2-5355, estos altos funcionarios no tienen derecho a sindicalizarse y, por tanto, no les corresponde recibir los beneficios provenientes de la negociación colectiva o de los laudos arbitrales suscritos entre el gobierno regional y el sindicato de trabajadores. Sin embargo, un total de 53 funcionarios en el año 2019 y 52 funcionarios en el año 2020 recibieron irregularmente los beneficios que solo correspondían a los miembros del sindicato.
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De esta forma, los años 2019 y 2020, los altos funcionarios y personal de confianza, recibieron una bonificación por escolaridad (equivalente al 100% de una remuneración básica), vales de alimentos mensuales (equivalente al 20% de la remuneración básica), bonificación por cierre de pliego (S/ 16 200 equivalente a 4 UIT del 2019), bonificación por el día del Callao (S/ 4050 equivalente a 1 UIT del 2019), movilidad supeditada a la asistencia (S/ 500 mensuales), retorno vacacional (un sueldo básico), asignación familiar mensual (equivalente al 15% de la remuneración mínima vital), canastas por fiestas patrias y navidad (vales de consumo por un valor de S/ 3000, en julio y diciembre), así como bonificación por el día del padre y día de la madre (tarjetas electrónicas por S/ 425).
Según la comisión auditora, si bien los gobiernos regionales gozan de autonomía administrativa y económica en los asuntos de su competencia, esta se ejerce de conformidad con los límites que imponen las diversas normas presupuestales. En ese sentido, recuerdan que, desde el año 2006, las leyes del presupuesto del sector público prohíben expresamente que las entidades públicas, entre ellas los gobiernos regionales, se reajusten o incrementen las remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos o incentivos, compensaciones económicas y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su formal periodicidad y fuente de financiamiento.
Cabe destacar que los pagos irregulares al personal con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, se suspendieron en el 2021, meses después que el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao emitiera una Orientación de Oficio alertando al titular de la entidad sobre estos hechos.
El servicio de control posterior realizado este año por la Contraloría General, ha permitido identificar presunta responsabilidad administrativa a cuatro exfuncionarios y un actual funcionario del Gobierno Regional, de los cuales tres también tendrían responsabilidad penal, motivo por el cual se recomienda al Procurador Público iniciar las acciones legales que correspondan.
El dato
Los derechos de sindicación no son de alcance para los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, de conformidad al mandato constitucional, la normativa de relaciones colectivas y la Ley del Servicio Civil.
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