Con el objetivo de descentralizar la educación superior, el congresista Darwin Espinoza Vargas (AP) presentó la iniciativa parlamentaria 0204/2021-CR que incentiva la creación de filiales de universidades públicas licenciadas con fondos del canon.
La propuesta fue presentada y aprobada con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que preside el congresista Esdras Medina Minaya.
Lo que señala está ley según el congresista Espinoza Varga, el objetivo de su propuesta de es modificar la Ley 30220 (Ley Universitaria) y las Leyes 27506, 24300 y 27763 (referidas al canon minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal y petróleo) “para incentivar una oferta educativa descentralizada y poder con ello mejorar la educación universitaria pública”.
Con esta iniciativa parlamentaria aprobada, todas las universidades públicas licenciadas, “tiene derecho a concursar para la asignación de fondos del Estado, o fondos especiales, para el desarrollo de programas, para la creación, equipamiento y mantenimiento de filiales y proyectos de interés social”.
La modificación de la Ley Universitaria permitirá una adicional asignación presupuestal a las universidades públicas que actualmente solamente reciben recursos estatales para efectos de investigación, de responsabilidad social, desarrollo del deporte, cumplimiento de objetivos de gestión y acreditación de la calidad educativa.
La creación, equipamiento y mantenimiento de filiales, se plantea con el objetivo de atender la demanda de educación superior universitaria, publica de manera descentralizada, asegurando con ello las condiciones mínimas de calidad.
Para cumplir con el objetivo de incentivar la creación de filiales de las universidades licenciadas se plantea modificar la Ley del Canon (N 27806) en su artículo 6, “para la utilización de dicho fondo en el control y ejecución de los recursos correspondientes a los gobiernos locales, que a su vez están sujetos a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades”.
Es decir, todos los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon serán utilizados “para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local”.