El gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Hernán Ramos, señaló que el gran problema de la salud en el Perú es un tema de financiamiento. “La gran discusión no debe ir por el monto que cobran las clínicas, sino por quién es el responsable de pagar por esa atención o cómo se financia para que más peruanos tengan acceso a servicios de salud (…), en un contexto en el que el Estado no está siendo efectivo”, indicó.
Además, el Estado tiene una brecha muy grande en infraestructura de servicios de salud, por lo que una gran parte de la población no puede acceder a servicios de salud públicos, teniendo que recurrir a los servicios privados de salud. Por ello, es que los establecimientos privados de salud atendieron a los asegurados del SIS y de EsSalud.
“Es decir, el Estado se desentiende en pagar por la atención de sus propios pacientes”, aseguró Hernán Ramos. “Hasta antes de la pandemia el Estado le debía a las clínicas privadas más de 80 millones de soles por haber atendido a asegurados del SIS y EsSalud”, puntualizó el representante de la ACP. Hoy, esta deuda superaría los 100 millones de soles.
Según Ramos, en el Perú hay cerca de 8 mil establecimientos privados de salud, muchos de los cuales se preocupan por acreditar sus servicios con estándares internacionales, invierten en equipamiento e innovación. “Pero no todos los establecimientos actúan de la misma manera; estamos hablando de un importante número de establecimientos de salud privados que están en la informalidad y que nadie los controla ni regula”. Al respecto, el directivo señaló que desde la asociación se vienen desarrollando propuestas de regulación.
En otro momento, el ejecutivo de la ACP se refirió al Decreto Supremo Nº 006-2022-SA, aprobado en mayo de este año, el cuál señala que, en una situación de emergencia sanitaria, el Estado puede confiscar bienes de establecimientos de salud privados para ponerlos a disposición de los establecimientos públicos.
“El problema de brecha en infraestructura en salud que tiene el Estado no se resuelve con una norma que confisca equipos del privado para llevarlos al público; la solución pasa por comprar equipos si el Estado no los tiene, pasa por desarrollar su infraestructura pública para atender las necesidades de salud que tiene la ciudadanía”, mencionó el ejecutivo.
“Además, esto no solo pasa por un problema de vulnerar el derecho a la propiedad privada, es principalmente una vulneración del derecho de acceso a la salud que tienen los pacientes del sector privado; porque esos bienes, sean equipos o infraestructura, están destinados a la atención de estos pacientes”, indicó.
