La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhorta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a respetar la autonomía del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), un organismo independiente que, desde su creación en 1992, realiza una labor técnica sin interferencias y cuya comisión especializada consideró como barrera burocrática las nuevas normas sobre tercerización laboral.
La Comisión de Barreras Burocráticas falló declarando, en primera instancia, que constituyen barreras burocráticas ilegales, la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa y la exigencia de considerar que la tercerización se ha desnaturalizado cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de dichas actividades.
El gremio empresarial precisó que la labor realizada por la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi, no puede constituir bajo ninguna premisa una vulneración de derechos ni mucho menos considerarse como una afrenta a las normas vigentes. Puntualizó que la labor de dicha Comisión consiste en analizar la legalidad y/o razonabilidad de las normas, eliminando toda aquella que constituya una barreara burocrática que constituya una exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad pública, que condicione, restrinja u obstaculice el acceso y/o permanencia de las empresas en el mercado, tales como las últimas disposiciones legales dadas por el gobierno.
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La CCL precisó que la norma sobre la tercerización laboral emitida por el MTPE, además de restringir ilegalmente el alcance de la Ley de tercerización – Ley 29245, se promulgó sin respetar aspectos básicos como la consulta previa y la transparencia, que son etapas y conceptos obligatorios en temas regulatorios.
Recordó que el Decreto Supremo 001-2022-TR que reglamenta la Ley de Tercerización, nunca fue analizado y debatido en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), donde el Estado, los trabajadores y empleadores sí buscaban llegar a acuerdos desde hace algunos años atrás.
La falta de transparencia en la promulgación de esta norma no cumple siquiera con las recomendaciones mínimas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual el gremio le recordó al Ministerio de Trabajo que, acorde a las normas nacionales, el Convenio 144 de la OIT, y los Tratados de Libre Comercio -de los cuales nuestro país es parte-, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deben ser consultadas de manera efectiva en el proceso de adopción de instrumentos legislativos o reglamentarios susceptibles de afectar los intereses de sus miembros.
“La transparencia y el diálogo social no es una opción o una concesión que el Gobierno otorga cuando cree conveniente, es una obligación tanto por compromiso internacional como por cumplimiento de normas nacionales”, anotó la CCL.
En tal sentido, considera que los diversos anuncios y comunicados emitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde hace algunas semanas atrás, señalando su intención de realizar acciones legales y administrativas contra quienes cuestionen las nuevas normas de tercerización, no pueden ser aceptados bajo ningún concepto dentro del marco de un Estado de derecho, dado que todo ciudadano o persona jurídica que se sienta afectado por alguna normativa, pueden acudir a las instancias correspondientes para su defensa.
Finalmente, la CCL sostuvo que, si la Ley 29245 requería mejoras o modificaciones, estas deben llevarse a cabo en el seno del CNTPE, un espacio donde los empleadores suspendieron su participación en tanto el gobierno no derogue las nuevas normas sobre tercerización laboral y sindicalización, las cuales solo generarán informalidad laboral y desempleo en un contexto en el cual nuestro país requiere generar más puestos de trabajo.
