El gobierno de Pedro Castillo representó una verdadera pandemia para el sector público. Con el correr de las semanas se hace más claro que su impacto en la erosión del Estado fue veloz, corrosivo y sumamente grave.
La exministra del Ambiente, economista Elsa Galarza, está al frente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y sabe que es momento que la academia ponga manos a la obra para revertir la situación lo más rápido posible.
Ustedes trabajan la relación entre la política a secar, la política pública, y la gestión pública. De un lado está la urgencia de los problemas y del otro la construcción de institucionalidad. ¿Cómo abordan estos desafíos en sus programas?
Nuestra maestría en Gestión Pública comenzó con una versión desde los años 80 y está muy orientada a la planificación, contrataciones del Estado e inversión pública. Herramientas que te permiten construir ese Estado y que funcione. La maestría en Políticas Públicas la sacamos hace un par de años porque se necesitan gestores públicos con la capacidad de tener una visión más integral y estratégica de país, que es lo que no hemos tenido los últimos años. El que la estudia sabe no solamente cómo funciona al Estado, sino que piensa en cómo el país se articula al exterior e internamente como los diferentes sectores tienen sinergias que no se ven tan claras porque se cree más bien que el sector público son compartimentos estancos. Si pensamos en la sostenibilidad de las políticas públicas requieres de mucha concatenación de políticas sectoriales, pero también de políticas multinivel.
Son dos frentes complementarios y no excluyentes. ¿Pero qué tanto permite el Estado esa transversalidad en políticas y coordinación más allá de la voluntad del funcionario?
Para romper ese compartimentaje capacitamos de manera distinta. Juntamos a diversos directivos dentro de un ministerio y con ellos hacemos que se pueda implementar políticas públicas que no están pensadas en esas relaciones. Si es un tema del sector ambiental te dicen eso le corresponde a la dirección ambiental, no a la de políticas ni la de planeamiento. No es así. Necesitas a todos para tener resultados. Pero si eso no se traduce en lineamientos específicos en tu programa operativo anual o no tiene una partida presupuestal asignada, no lo vas a hacer. Y el funcionario solo puede hacer lo que la ley manda. Eso es lo que genera estos problemas entre la política pública con la gestión pública. La política la piensas de manera general, pero a la hora de implementarla necesitas bajar a instrumentos y a transversalizar, que es lo más difícil. En la capacitación estamos logrando eso. El Estado logra resultados en 6 o 7 años, cuando podrías tener las políticas en dos, cambiando la estructura del propio Estado. Ahí está el reto.
¿Cómo entran allí los programas de especialización?
La maestría tiene una tesis de trabajo de investigación y dura dos años. Pero el mundo avanza muy rápido y hemos aprendido a pensar con mucha innovación pública. En una semana juntamos a alumnos de distintas maestrías para trabajar un problema público planteado por las propias instituciones. Los programas vienen a profundizar y actualizar los conceptos. Si llevaste un programa de contrataciones hace 10 años te aseguro que es otro mundo. Es muy variable y está bien que sea así. La sociedad nos exige ser flexibles y eso es difícil con un Estado que por definición tiene normas muy restrictivas.
¿Cómo aportar más al diálogo con el sector público desde la academia?
Lo estamos mirando con mucha atención. En la universidad tenemos en pregrado un programa Universidad-Empresa. En el caso del posgrado es la relación universidad e institución pública. Convocamos a instituciones como Osinergmin, municipalidades que dicen tengo este problema y no sé como resolverlo. La idea es pensar fuera de la caja, no solamente como abogado o técnico. Tienes otra semana con invitados internacionales que manejan soluciones innovadoras. Necesitamos la libertad para tener esos espacios. Muchas veces los propios representantes de las instituciones públicas aprenden mucho de las iniciativas de los alumnos. Esos vínculos hay que acercarlos mucho más.
Hace un par de semanas el consejo directivo de la Universidad emitió un comunicado en el que reconocían la gravedad de la crisis, pero confían en la necesidad de que la democracia encauce los problemas. ¿Qué tan factible es recuperar la dirección y el ritmo de las políticas públicas en el tiempo más breve posible?
El último año y medio es una prueba fehaciente de que; si no tenemos gestores públicos idóneos, capacitados y con altos estándares morales y personales; el Perú no va a avanzar. Hemos retrocedido fuertemente en áreas como educación y esa factura la vamos a pagar por muchos años más. Ahí la academia debería tener un rol importante que no ha cumplido. Son espacios de diálogo y hemos perdido la posibilidad de conversar y de discutir posiciones distintas. No está mal cambiar de opinión si hay sustento adecuado. Hemos perdido esa capacidad. El daño está hecho pero sí podríamos apoyar esa salida para que no demore tanto, poniendo énfasis en la educación. Por eso el recorte de facultades de la SUNEDU nos preocupa. Hay que garantizar calidad de educación y se puede hacer también con los profesionales que ya están en el ámbito público. Universidades como la Pacífico cumplen un papel social. Tenemos un programa de intercambio educativo con universidades nacionales hace más de 20 años. Desde allí vamos a llegar a los funcionarios públicos subnacionales porque ahí es donde tienes que trabajar. Si ves que más del 50% del presupuesto de inversión pública va a gobiernos locales y nos quedamos en decir qué poco y que mal se ejecuta, la pregunta es qué hemos hecho para que eso mejore. Es una labor diferente en el ámbito profesional porque hay que acompañarlos, diseñar cursos ad hoc y capacitación en la acción. Ya no son alumnos que vienen solamente a estudiar. Hay mucho espacio para universidades como la Pacífico para retribuir y ayudar a que la reconstrucción sea mucho más rápida.
