La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN, expresa su preocupación por el reciente comunicado publicado por el OSIPTEL que se cuestiona que una empresa operadora interponga acciones legales para defender su posición.
La Constitución reconoce el derecho a impugnar las decisiones administrativas y judiciales. Desconocer el mismo no se condice con los principios democráticos, más aún – y de forma paradójica – cuando es el propio organismo regulador el que ejerce ese derecho ante decisiones del Tribunal Fiscal sobre el aporte de regulación.
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Genera desconcierto que un organismo regulador cuestione públicamente el ejercicio legítimo de acciones o recursos ante instancias judiciales, administrativas o los mecanismos de solución de controversias que contemplan los contratos de concesión celebrados entre el Estado Peruano y las empresas. Esta conducta supone desconocerlos en la práctica, lo que vulnera la seguridad jurídica y ahuyenta las inversiones.
Hacemos un llamado a respetar los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco jurídico, los cuales deben mantenerse ajenos a cualquier tipo de injerencia.
