El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, según los resultados de la mesa de trabajo con el Ministerio de Economía (MEF) sobre nombramiento del personal CAS, se ha identificado una Población Económicamente Activa (PEA) de 53 262 profesionales de salud que estarían potencialmente aptos para nombramiento.
De esa cifra, 12 771 profesionales corresponden al régimen del Decreto Legislativo N.° 276; 32 787 al D. Leg. N.° 1057; 684 al D. Leg. N.° 728 (CLAS); mientras que 7 020 profesionales corresponden al D. Leg. N.° 1057, pero no cuentan con registro en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).
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Se trata de personal asistencial entre médicos, técnicos y auxiliares, para los cuales el proceso de nombramiento se ha proyectado de manera progresiva en el transcurso de 5 años, que van desde el 2023 al 2026. Solo en el primer año de implementación (2023) se estaría nombrando a un total de 17 037 profesionales.
Dentro de las posibilidades de financiamiento que se han contemplado para cumplir con la meta, se propondría la inclusión de un artículo en el Proyecto de Ley del Presupuesto para el año fiscal 2023, que considere el nombramiento de: Contratados del régimen de los Decretos Legislativos N.° 276, N.° 728, N.° 1057 (CAS regulares de plaza sostenible en el marco de la Ley n.° 31131); así como saldos presupuestales del pliego del Ministerio de Salud para el nombramiento del año 2023.
Cuarto tramo
De acuerdo al Art. 44 de la Ley presupuesto 2022, se aprobó para el 2022 el reajuste de la valorización principal (Tercer Tramo de la escala salarial) en dos partes, la primera de aplicación a partir del mes de marzo, cuya implementación se aprobó mediante el Decreto Supremo n.° 035-2022-EF, y la segunda de aplicación a partir del mes de noviembre, su implementación es con Decreto Supremo que está en gestión de aprobación ante el MEF.
En ese sentido, se requiere que el cuarto tramo se incorpore en el proyecto de ley de presupuesto del 2023, lo cual tendría que ser evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con el financiamiento correspondiente.
