El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó el 21 de febrero, que su país suspenderá la venta de material policial al Perú debido al reclamo de diversos grupos parlamentarios españoles.
Cabe señalar que Amnistía Internacional elaboró un informe en el que revela que, dentro de la Unión Europea, España es el principal proveedor de armas al Perú. Entre el 2017 y el 2018, se calculó en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a nuestro país, de las cuales 40 millones fueron insumos antidisturbios.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, señaló que seguían “con atención” la convulsión social que vive nuestro país y las solicitudes de material policial del Perú se analizarían “caso por caso” debido a que nuestro país es un “destino sensible”.
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Sin embargo, Amnistía Internacional consideró que el Gobierno español estaba “legalmente obligado” a dejar de vender material policial al Perú.
Entre las conclusiones de la organización internacional determinó que los proyectiles de escopeta y balas de goma usados en la represión policial de las protestas contra Dina Boluarte, fueron fabricados por la empresa española Maxam.
