El Perú, no es novedad, sigue en crisis. Alberto Fujimori, hace algunos años, al iniciársele su juicio clamó: “soy inocente”. Ahora, sigue preso, después de haber aceptado los delitos por corrupción que se le imputaban. Alan García lanzó su famosa frase: “demuéstrenlo pues, imbéciles”. Precisamente cuando estaba por empezar su proceso, se suicidó. Alejandro Toledo sigue reclamando su inocencia, pero con grillete y en espera de que se le extradite para ser juzgado. El presidente Pedro Castillo no ha cambiado el libreto. La historia dirá cuál será su destino.
Lo anterior acredita que el Perú está combinando dos cosas: patología y política. Dicho de otra manera, está procesando el trastorno en el ejercicio del poder. La reciente denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra el presidente Castillo ante el Congreso es una prueba más del fenómeno.
Lo que la Fiscalía sostiene en su extenso recurso (tiene 376 páginas), es que se han encontrado evidencias que demostrarían que el presidente Castillo ha cometido varios delitos. En el léxico jurídico, se dice que hay la sospecha grave de que el presidente de la República habría incurrido en ilícitos penales liderando una organización criminal. Y lo ha hecho mientras ejercía el cargo. Sin embargo, se encuentra un escollo importante: no se puede seguir investigando al Jefe de Estado porque éste goza de una protección de inmunidad. El artículo 117° de la Constitución establece que el presidente solamente puede ser encausado por cuatro causas específicas, ninguna de las cuales incluye los delitos de corrupción que se han detectado. Estrictamente, entonces, ningún juez podría procesar al presidente Castillo mientras dure su mandato. Otra vez, la figura de la patología política emerge en toda su magnitud.
Ahora bien, lo que se ha hecho es poner en conocimiento del Congreso todas las consideraciones anotadas para que proceda conforme a sus atribuciones. Nada impide, en efecto, que se active una moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o una eventual suspensión de Pedro Castillo en el ejercicio del cargo, con todas las controversias constituciones que tales alternativas plantean, y que resultan inéditas en el Perú, ya que jamás ha habido en nuestra historia el caso de un presidente de la Republica en el ejercicio del poder (con todo lo que eso significa), a quien se le está imputando la comisión de actos delictivos.
Pero, es importante destacar lo siguiente: la Fiscalía está pidiéndole al Congreso, también, una interpretación acerca de los alcances de la inmunidad absoluta de la cual goza el presidente de la Republica, en el contexto de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que el Perú ha suscrito. En otras palabras, como quiera que dicha Convención, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, lo que persigue es evitar la impunidad autorizando un equilibrio con las prerrogativas derivadas de las inmunidades, la Fiscalía solicita que se entienda que el presidente Castillo pueda seguir siendo investigado, con todas las consecuencias que dicha situación pueda acarrear.
Mientras todo eso ocurre, cabe preguntar: ¿seguirá la permanente crisis en el Perú?
*Abogado y fundandor del Foro Democrático
