El 5 de abril es un día infausto para el Perú. Fue en esa fecha, el año 1879, que Chile nos declaró la guerra. Las devastadoras consecuencias son conocidas: miles de compatriotas perdieron la vida y fuimos despojados de parte de nuestro territorio en el sur; todo después de varios años de ocupación de las tropas extranjeras.
Es, también, la fecha en la que hace treinta años, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori llevó a cabo el tristemente célebre autogolpe institucional. Habría de pasar una década para que el régimen autoritario de Fujimori se derrumbara luego de haber concentrado todo el poder.
Este pasado 5 de abril de 2022 será recordado como el día que exhibió una de las más lamentables expresiones de la incompetencia en el ejercicio del gobierno. El presidente Pedro Castillo, minutos antes de la medianoche de la víspera, repentinamente, dirigió un mensaje al país para informar que los diez millones de habitantes que viven en la capital, el tercio de la población nacional, debían permanecer obligatoriamente encerrados en sus casas. Inmovilización social obligatoria se le llama. Un toque de queda ininterrumpido de un día, sin más justificación que evitar una grave perturbación del orden público. No es que había en curso una alteración de la tranquilidad en Lima y Callao: es que podría haberla. Ni en los peores momentos de la lucha antisubversiva contra Sendero Luminoso hubo algo semejante. Solo transcurrieron algunas horas de ese mismo 5 de abril para que se añadiera otra nota pintoresca para recordar: el toque de queda quedaba sin efecto. Como jamás existieron razones para dar la medida, que no siguiera vigente era lo apropiado.
Alberto Fujimori con el autogolpe del 5 de abril de 1992 lo que quiso fue quedarse en el poder. Y lo logró hasta el año 2000. Pedro Castillo con su inconstitucional decisión, no obstante que al poco tiempo revocó, lo que ha iniciado –todo pareciera indicarlo- es el proceso para darle fin a su gobierno. A pesar de la sustancial diferencia entre uno y otro momento, alguien que se queda y otro que empieza a irse, lo común entre ambas decisiones es la directa afectación al principio de la libertad, constitucionalmente protegido. Porque agraviar el derecho a ser libres para inaugurar un régimen autoritario es tan inaceptable como hacerlo para que un gobierno deje de asumir su responsabilidad de resguardar el orden público.
Detengámonos en este último punto. Una de las principales funciones del Poder Ejecutivo es precisamente garantizar la tranquilidad pública, aquella que permite el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Para ello no puede recurrirse a la arbitraria decisión de obligar a la gente a permanecer en sus casas; salvo que existan consideraciones objetivas que la justifiquen. El combate a la pandemia del coronavirus es el mejor ejemplo.
El Perú no merecía un 5 de abril de 1879. Tampoco el del año 1992. Mucho menos este 5 de abril de 2022, en el que la incompetencia y la improvisación del gobierno de Pedro Castillo han quedado evidenciadas.
*Abogado y fundador del original Foro Democrático
