Los peruanos estamos, cada vez más, familiarizándonos con el lenguaje de los abogados. Las palabras extrañas que utilizan ahora son de uso común. Ya sabemos qué es una vacancia presidencial por incapacidad moral, cuándo se puede cerrar el Congreso y hasta qué significa una cuestión de confianza. Hasta llegamos a entender qué es una prisión preventiva y para qué sirve una colaboración eficaz. Este fenómeno tiene un nombre: la judicialización de la política.
Todo parece indicar que estamos por consolidar un nuevo proceso: la politización de la justicia. Veamos: como es de dominio público, la Fiscalía de la Nación ha planteado una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Lo ha hecho fundándose en las evidencias recogidas durante la investigación preliminar que la Corte Suprema le confirmó realizar, que sustentan la sospecha de que Pedro Castillo habría incurrido, en el ejercicio de su mandato presidencial, en varios delitos de corrupción, liderando una organización criminal desde Palacio de Gobierno. No lo ha acusado; únicamente ha puesto en conocimiento del Congreso las pruebas encontradas.
El Congreso no es un tribunal de justicia. Es un foro político. La denuncia de la Fiscalía debe tramitarse políticamente, de acuerdo a la Constitución. Los congresistas no son jueces, no dictan sentencias ni condenan. Adoptan decisiones políticas. Lo que ha hecho el Parlamento, sin embargo, es otra cosa: le ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que interprete cuál es el alcance de la inmunidad que tiene el presidente de la República. Dicho de otra manera, le ha trasladado al TC precisamente aquello que la Fiscalía le pidió al mismo Congreso. La función del TC no es absolver consultas sino resolver controversias. Hay pues, una dificultad en la solicitud formulada, máxime si ha sido planteada en un proceso en el que se está debatiendo algo distinto.
Para que no quede duda alguna acerca del genuino laberinto jurídico en que está hoy en día el Perú, el Poder Ejecutivo ha hecho su propio aporte. Ha solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA), la aplicación de la denominada Carta Democrática Interamericana. Para ello, ha señalado que hay una confabulación del Poder Judicial, el Congreso, la Fiscalía de la Nación, y los medios de comunicación, comprometidos en derribar al gobierno del presidente Castillo. En otras palabras, hay un plan en curso, perfectamente organizado, en el que se han fabricado pruebas, se han distorsionado declaraciones, se ha presionado a gente para que preste confesiones falsas, se han dictado órdenes de detención indebidas, en fin, se han vulnerado los derechos de las personas involucradas en los actos de corrupción detectados. El Gobierno ha llegado a sostener ante la OEA que hay una nueva modalidad de golpe de estado en el Perú.
El laberinto legal en el que está ahora el Perú puede resumirse con la siguiente pregunta: ¿cómo se procede, en una democracia constitucional, con un presidente de la República que, en el ejercicio del poder, habría incurrido en actos de corrupción?
*Abogado y fundador del original Foro Democrático
