Un frustrante gobierno de Pedro Castillo, un conjunto de expectativas insatisfechas desde hace décadas, especialmente en los pueblos andinos alejados, y un alucinado plan político destinado a cambiarlo todo a cualquier costo, son un lado de la crisis de inestabilidad que viene enfrentando el Perú. La otra cara la ponen los impetuosos deseos de un Estado desarticulado que pretende poner orden a la fuerza y un Gobierno que asumió el poder abruptamente como consecuencia de una sucesión constitucional.
Esos son los ingredientes del cocktail explosivo ante el cual se encuentra la presidenta Dina Boluarte: la acreditada incompetencia de Pedro Castillo aunada a una sostenida frustración histórica ahora utilizada políticamente. Esa infeliz coincidencia, junto a una improvisada respuesta institucional, explican –no justifican- los cerca de cuarenta muertos que se han producido hasta el momento.
No es necesario detallar cada elemento. El gobierno de Pedro Castillo fue un genuino fiasco para todos, incluso para quienes lo ungieron al cargo que jamás mereció ejercer por su propia declarada incompetencia. Las expectativas acumuladas a lo largo de los años por los pueblos más olvidados, todas permanentemente desatendidas, tampoco requieren mayor demostración. Probablemente lo inesperado de la hora actual ha sido la provocadora estrategia política desplegada por los que creen que ha llegado el momento de la refundación nacional, y la insuficiente respuesta estatal para explicar su inviabilidad.
Ahora bien, a pesar de lo que viene sucediendo, lo sensato es apuntar a una paulatina consolidación del gobierno transitorio de la presidenta Dina Boluarte junto a una dialogada disminución de las protestas. Varios factores lo justificarían. Lo primero que hay que destacar es la localización de los reclamos: principalmente el sur andino. No están comprometidas las grandes ciudades de la costa ni la capital, Lima, donde vive una buena parte de la población del país. Luego, habrá de irse aclarando que nada tienen que ver las reivindicaciones históricas de los pueblos que se sienten afectados con las exigencias políticas que ahora, equivocadamente, pretenden interpretarlas. Pedir la restitución de Pedro Castillo a la presidencia de la República después de la inadmisible violación al orden constitucional, cerrar el Congreso de inmediato y realizar elecciones sin ningún cronograma, es una disparatada conducta autodestructiva que confirma la esencia antidemocrática de quienes, antes que resolver la crisis, pretenden avivarla para sembrar una indeseable sensación de caos.
La presidenta Boluarte debe tener claro que los objetivos de su gobierno transitorio son, al tiempo de tranquilizar al país desenmascarando el plan político desestabilizador de quienes estando en la administración de Pedro Castillo lo único que hicieron fue medrar del presupuesto público, organizar un proceso electoral inobjetable, impulsando los cambios constitucionales que la dramática experiencia que hemos tenido aconseja, a fin de que el pueblo elija democráticamente a quien lo debe gobernar. Algo semejante a lo que en su momento hizo Valentín Paniagua al iniciarse este nuevo siglo, después de una crisis tan traumática como la que el Perú vive en la actualidad.
