La característica fundamental del régimen de Alberto Fujimori, a partir del autogolpe del 5 de abril de 1992, fue la apariencia de legalidad. Me explico: todo aparentaba ser normal, formalmente inobjetable. Había un Congreso que dictaba leyes, un Poder Judicial que resolvía disputas y un Ejecutivo que gobernaba. Pero todo –lo confirmaríamos después- era aparente; la realidad era que las decisiones fundamentales del Perú se adoptaban desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Situémonos ahora en la actualidad, setiembre de 2019. Acaba de ingresar al Tribunal Constitucional (TC) un pedido para que se anule la sentencia de la Corte Suprema que dejó sin efecto el indulto otorgado a Alberto Fujimori y que lo hiciera regresar a la cárcel. Esto explicaría la recomposición del fujimorismo. Los hijos se han hermanado.
Repentinamente, el Congreso ha activado de manera acelerada la designación de los miembros del TC. En pocos días se instaló la comisión, se solicitó la propuesta de candidatos y, según se ha conocido, en apenas unas horas ya había una lista de seleccionados para su nombramiento a fin de setiembre. Mientras dicho proceso se desarrolla con inusual prisa, contra toda práctica parlamentaria, la iniciativa del Gobierno para adelantar las elecciones en el mismo Congreso sigue recibiendo opiniones de abogados, economistas, profesores universitarios, constitucionalistas y comisionados venecianos. El propósito es evidente: apurar la recomposición del TC y demorar la decisión sobre la propuesta para adelantar el proceso electoral. No debe olvidarse que el TC, llegado el caso, pudiera conocer la controversia jurídica en torno al adelanto electoral. En este contexto, recordemos la figura de la apariencia de legalidad: se dirá que se está cumpliendo con la ley, en uno y otro caso. Aparentemente, por cierto.
Vamos a otro escenario. El caso Lava Jato, que sigue mostrando sorprendentes revelaciones en la línea de las ya conocidas (hay más obras públicas en las que se pagaron coimas), de repente abre un flanco explosivo: la caja 2 (la del dinero ilícito) se habría utilizado por Odebrecht, también, para financiar campañas electorales de congresistas. En los próximos días estarían previstas las audiencias en Brasil para que se conozcan las identidades de los denominados codinomes comprometidos.
Paralelamente, se reaviva la campaña para desacreditar, y eventualmente dejar sin efecto, el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht y, otra vez, reaparece el pedido de vacancia contra el presidente Vizcarra para que nada cambie y todo siga igual. Nuevamente, la apariencia de legalidad: se invocará que lo que se está haciendo, en cada caso, es cumplir con la ley.
Este panorama detrás de cámaras, sin embargo, omite un factor central: la participación ciudadana. Así como en el año 2000 la historia se encargó de acreditar que la movilización popular fue determinante para la caída del régimen fujimorista, ahora, ante esta arremetida teñida de aparente legalidad, algo tendrá que decir.
*Abogado y fundador del Foro Demócratico
