El alza de precios de los alimentos agudiza las dificultades que atraviesan las familias más vulnerables del Perú. De acuerdo con el Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 8, 5 millones de peruanos eran pobres en el 2021, siendo la sierra rural la región más afectada por la pobreza (44.3%).
De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), aproximadamente el 20% de la población nacional padece hambre, situación que se agravaría ante la inminente hambruna alertada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Ante ello, diversos especialistas, como el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, propusieron la emisión de un nuevo bono que ayude a las familias con menor poder adquisitivo en el país a acceder a alimentos que garanticen su subsistencia.
¿Qué tan viable es esta medida? CARETAS consultó con los economistas Jorge Gonzáles Izquierdo y Alejandro Indacochea, quienes brindaron su postura al respecto.
González Izquierdo, quien también ocupó la cartera de Economía y Finanzas, explicó que el nivel de inflación -7,96 en abril del 2022- actualmente es responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y no del Gobierno del presidente Castillo.
El economista estimó que bajar la inflación tomaría el resto del año y probablemente, parte del 2023, y señaló que, en abril de este año, la inflación del precio de los alimentos llegó a superar el 15%, siendo que el promedio normal es 8%. Esto afecta sobre todo a las familias de bajos recursos, quienes destinan más del 50% de sus ingresos a la compra de productos alimenticios, sostuvo.
Por ello, indicó que una alternativa podría ser la transferencia monetarias focalizadas y temporales que ayuden a las ollas comunes, comedores populares, y el refuerzo de los programas Pensión 65, Juntos, entre otros.
“Si el Gobierno está en la capacidad de armar un bono, siempre y cuando tenga la seguridad de que llegará a quien lo necesita, que arme un bono y temporal”, indicó.
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El bono, agregó no debería ser la única medida del Gobierno para poder ayudar a las familias vulnerables, sino que debe ir acompañada de medidas como la eliminación del Impuesto General a las Ventas (IGV) para cinco tipos de alimentos, y la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles, que aunque ya se vienen aplicando por parte del Gobierno, “no dan los resultados esperados”.
Por su parte Alejandro Indacochea señaló que la emisión de bonos no es la mejor medida para ayudar a las familias con escasos recursos, ya que desincentiva la búsqueda de empleo y es frecuentemente usado por regímenes populistas.
En esa línea de ideas, criticó la entrega del bono Yanapay, sosteniendo que al no ser una transferencia focalizada en los más pobres, benefició a los ciudadanos que consumían más, “lo que equivale a repartir dinero en la calle”.
Asimismo, cuestionó que los subsidios a los combustibles y al gas, benefician a quienes hacen un mayor consumo de estos recursos energéticos.
Incluso, observó que en Venezuela, el Gobierno emite el “carné de la patria”, con el que se entrega “bonos” a la ciudadanía a fin de condicionarlos políticamente. Este carné puede ser descargado desde la página web https://www.patria.org.ve/.
“Para mí es un absurdo haber dado el bono Yanapay a 13 millones de personas y a todos los que ganan menos de S/ 2, 000 (…) Un subsidio ciego, es un subsidio a nadie”, consideró.
Indacochea propuso que, en lugar de dinero, se entreguen víveres y canastas familiares que sean entregadas por la Iglesia Católica, Adventista y Evangélica con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Cabe señalar que, según Francke Ballvé en la columna que publica semanalmente en Hildebrandt en sus 13, el fisco dejaría de recaudar aproximadamente S/ 3 mil millones solo este año por la exoneración del IGV y la reducción del ISC, dinero que, según los especialistas consultados por esta revista, pudo usarse en el fortalecimiento de los programas sociales existentes. Indacochea estimó que el erario público pierde S/350 millones por mes solo por IGV.
“El costo fiscal de lo que se está dejando de recaudar está superando al beneficio”, manifestó González Izquierdo.
La escasez de fertilizantes también influirá en el alza de los precios de los alimentos, ya que se reducirá la siembra de arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, quinua, cebolla y frijol grano seco en 13 regiones del país.
Finalmente, Indacochea lamentó la participación de la vicepresidenta, Dina Boluarte, en el Foro Económico Mundial de Davos, y consideró una “traición a la patria” que haya criticado la minería formal en un espacio en que debía asegurar inversiones para nuestro país.
