La Organización de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. La celebración busca promover la participación de los jóvenes en los procesos de cambio y generar conciencia sobre los desafíos y problemas que enfrentan. Este año los encuentra atravesando una grave crisis sanitaria y económica como consecuencia de la pandemia de COVID 19, escenario inevitable que tenemos que evaluar.
Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo debido a la crisis provocada por el COVID-19. Agrega que la proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación se ha mantenido persistentemente alta en los últimos 15 años y ahora es del 30% por ciento para las jóvenes y del 13% por ciento para los jóvenes en todo el mundo, quienes se ocupan en el comercio minorista, los servicios de alojamiento y comidas y las industrias manufactureras. Ello sumado a la baja calidad de los empleos, condiciones de trabajo precarias, falta de protección jurídica y social, limitadas oportunidades de formación y de progresión profesional y la informalidad, que incide directamente en la inestabilidad laboral y la contratación en formas atípicas (contratos a tiempo parcial, trabajados temporales o en plataformas digitales), que como conocemos suelen ser mal pagados. Estos factores son características de la situación laboral de los jóvenes desde hace más de dos décadas, pero actualmente se han agravado.
La situación laboral de los jóvenes peruanos entre 18 a 29 años es compleja. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 46,2% trabaja, el 21% estudia, 11,5% estudia y trabaja y el 21,3% restante no estudia ni trabaja. Esto se traduce en 1.711.881 de jóvenes que no están insertos ni en el sistema educativo ni el laboral. De ellos, alrededor del 65% son mujeres y un 78% del total lo hace en condiciones de informalidad.
En el curso de la crisis actual, la mitad de la capacidad productiva del país se ha paralizado. Según IPSOS el 25% de peruanos ha perdido su trabajo. Esto afecta particularmente a las personas con trabajos temporales e informales, generalmente ocupados por jóvenes, que afrontarán niveles aún más elevados de informalidad, desempleo y subempleo. También a las mujeres, quienes ocupan principalmente el sector servicios además de estar en primera línea de esta pandemia, como cuidadoras y enfermeras. Es particularmente preocupante la población migrante no acompañada, señala María José Gómez, directora de la Fundación FORGE.
En esta situación donde la pobreza extrema crecería de 67,4 millones a 90 millones, ¿qué pasará con los y las jóvenes que están en las puertas del mercado laboral?, ¿cuántas personas entre 18 y 24 años que recién se habían iniciado perderán su trabajo?
En el escenario crítico que representa la pandemia de COVID-19, es necesario que dentro del marco de políticas para la recuperación se dedique atención especial a los sectores de la fuerza de trabajo más afectados, entre ellos mujeres y hombres jóvenes. Es importante implementar políticas de protección social y compromisos para atenuar las consecuencias sobre el empleo de los jóvenes, dinamizando la generación de trabajo decente que facilite su incorporación en la actividad laboral. El aumento del desempleo juvenil no solo perjudica a este grupo, sino que acarrea un elevado costo a largo plazo. Ignorar sus problemas significa desperdiciar su importante aporte en la recuperación económica.
En este contexto, y a fin de efectuar algunas propuestas siguiendo el Plan Nacional de la Juventud, se establecieron los siguientes lineamientos:
- Promover la participación de los jóvenes en el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema democrático
- Organizar y consolidar un sistema de políticas públicas específicas sobre la juventud.
- Promover una cultura de paz y seguridad ciudadana.
- Asegurar una educación de calidad e inclusiva para la ciudadanía.
- Reconocer y promover las culturas e identidades.
- Promover estilos de vida y entornos saludables.
- Promover el empleo digno y las capacidades productivas de los jóvenes.
- Generar y fortalecer capacidades, prácticas y relaciones ambientales sostenibles.
- Organizar un sistema de prevención y rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley.
- Promover la igualdad de oportunidades de los jóvenes con discapacidad.
- Fortalecer las capacidades de los jóvenes que viven en áreas rurales y comunidades nativas.
También el Ministerio de Trabajo ha elaborado planes y programas que tienen como fin «desarrollar e implementar estrategias que permitan a los jóvenes construir trayectorias de trabajo digno y productivo». Para ello, toma en cuenta cinco objetivos: empleo, empleabilidad, emprendimiento, equidad y fortalecer capacidades del MTPE, siendo este último un componente transversal. Todas estas propuestas deben desarrollarse para ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo.
Está claro que las medidas que se establezcan para mejorar la situación del empleo de los jóvenes en el Perú pasa por las políticas económicas y sociales que se conviertan en políticas de Estado, teniendo en cuenta sus particularidades. Pese a la coyuntura, nos corresponde planificar y ejecutar medidas proactivas con optimismo.
