El Pleno del Congreso aprobó la ampliación por un año de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar los casos de exposición a metales tóxicos en la sangre de niños y familias en las zonas mineras de Pasco y otras regiones del Perú. La decisión se adoptó con 93 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, y tiene como finalidad concluir las investigaciones que podrían derivar en soluciones definitivas para este grave problema de salud pública.
Hallazgos y retos en la lucha contra la contaminación
La presidenta de la comisión, Magaly Ruiz Rodríguez (APP), presentó un informe preliminar donde se detallan los impactos de plomo, mercurio, arsénico y otros metales pesados en la salud de la población. El documento también evidencia incumplimientos en políticas públicas, como el retraso en la implementación del Registro Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, que debía estar operativo hace más de cuatro años. La congresista hizo un llamado al Ministerio de Salud para finalizar el desarrollo de este registro de manera urgente.
Llamado a la acción de instituciones gubernamentales
La comisión instó al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Salud a aprobar de forma inmediata varias normativas clave, incluyendo el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas, la actualización del Reglamento de Calidad de Aguas para el Consumo Humano y la adecuación del Reglamento de la Ley de pasivos ambientales mineros. Estas medidas son esenciales para garantizar la protección de la población y la reducción de la exposición a metales tóxicos en zonas afectadas por la minería.
Perspectivas y compromiso legislativo
La ampliación de la comisión representa un compromiso del Congreso con la salud de la población y la transparencia en la gestión de políticas ambientales y sanitarias. La continuidad del trabajo legislativo permitirá que se completen los estudios pendientes, se implementen soluciones efectivas y se responsabilice a los actores que contribuyen a la contaminación.
Este esfuerzo legislativo refuerza la necesidad de coordinación entre el Estado, las autoridades locales y la sociedad civil para proteger la salud de los niños y familias afectadas por la contaminación minera.